Entradas con la etiqueta ‘pueblos originarios’

La violencia e hipocresía del gobierno nacional

Una vez más el gobierno recurre a la violencia para silenciar los reclamos sociales en general y de los pueblos originarios en particular. La reciente represión contra la comunidad mapuche en Villa Mascardi, Bariloche, y el asesinato del joven mapuche de 22 años, Rafael Nahuel, en manos de la Prefectura Nacional; se suma a la política represiva de la aún no removida Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El gobierno trata de justificar el asesinato y la represión inventando una supuesta organización terrorista, y presiona al Poder Judicial que está investigando la represión de Prefectura. No propone mediación y diálogo para resolver el conflicto por las tierras en la Patagonia y continúa la expulsión de las comunidades y de las tierras vendidas a grandes terratenientes extranjeros, entre ellos Benetton, Lewis, Turner.
Arturo Jauretche decía: “malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende”. No hay una investigación sobre qué gobernadores y dirigentes políticos vendieron tierras indígenas a terratenientes, un mal endémico en el país desde la nefasta “Campaña del Desierto”, que masacró a los pueblos originarios para entregar territorios a empresas extranjeras.
La Ministra de Seguridad y el Ministro de Justicia Garavano, buscan justificar lo injustificable y hacer aparecer a los mapuches como violentos y como parte del grupo R.A.M.,  acusándolos realizar acciones violentas para recuperar sus territorios,
La violencia estructural y social es provocada por el gobierno que viola el Art. 75, inc 14 de la Constitución Nacional, El Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y la Declaración Universal de la ONU sobre Pueblos Indígenas. La hipocresía y falta de respeto al pueblo es tergiversar la verdad, como lo hicieron en la represión en Cushamen – Esquel y la muerte de Santiago Maldonado-
El Estado tiene el monopolio de la fuerza, y este gobierno la usa para reprimir al pueblo violando sus derechos. En vez de estar al servicio del pueblo, nuestros representantes electos se ponen en nuestra contra.
Denunciamos esta política represiva del gobierno y reclamamos la investigación de los responsables de la muerte de Rafael Nahuel y de los heridos en Villa Mascardi, crimen que no puede quedar en la impunidad.

Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz
Presidente del Servicio Paz y Justicia
Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria

Derechos humanos y unidad en la lucha

En los últimos meses y en particular a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, en el contexto de una acción represiva del estado nacional contra la comunidad mapuche de Cushamen, se ha desatado una campaña contraria a los pueblos originarios y en particular al reclamo por el reconocimiento de sus tierras.
Aquellos que se rasgaban las vestiduras, criticando “el periodismo militante” hoy “militan” descaradamente a favor de los terratenientes nacionales y extranjeros, deslegitimando los derechos de los pueblos originarios que están consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados internacionales de los cuales nuestro país es firmante.
La campaña mediática sostenida por ministros del gobierno nacional, ha pretendido instalar la idea de un “enemigo interno”, las comunidades mapuches, contra las cuales se ha desatado una implacable campaña mediática y represiva, ejercida por fuerzas de seguridad y por grupos operativos informales que por la impunidad con que actúan no están ajenos a los servicios de inteligencia.
En esa lucha por el reconocimiento y acceso real a las tierras de los pueblos originarios, venimos apoyando la renovación de la prórroga de la ley 26.160 que permite realizar el relevamiento de las territorial donde viven las comunidades, paso previo para poder acceder a su efectivo reconocimiento y titularización. La normativa ha tenido varias postergaciones, pese a lo cual no se ha finalizado el relevamiento completo, de ahí la urgencia para que se prorrogue nuevamente.
Mientras se realiza el relevamiento territorial, la ley 26.160 establece que no pueden ejecutarse desalojos de comunidades. Sin embargo, se han producido desalojos que no han podido evitarse por las complicidades de los gobiernos provinciales, con terratenientes y empresas del “agronegocio” y por la falta de compromiso de los poderes judiciales provinciales. La normativa permite poner un freno a los desalojos que se intensificarian si no se aprueba su prórroga.
Esta ley cuenta ya con media sanción parlamentaria del Senado y debe tratarse en Diputados. Esperamos que prime en los legisladores el reconocimiento de los derechos de los pueblos ancestrales, por sobre los grandes intereses transnacionales y nacionales que se han apropiado de grandes extensiones de tierras que corresponden a comunidades originarias.

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El dedo, la luna y los idiotas

Publicado en el diario Perfil el domingo 20 de septiembre de 2015.

Un proverbio chino dice: “Cuando el dedo apunta a la luna, el idiota mira el dedo”.
Todo indica que en Argentina estamos ante esta situación de no querer ver la realidad, y muchos son o se hacen los idiotas mirando el dedo y no los problemas que vive el país.
De otra manera no se puede entender que el Indec intervenido haya dejado de calcular la pobreza del país para permitirnos saber qué sucede con los argentinos. Aníbal Fernández lo expresó con mucha claridad: “El Estado no está para contar pobres”. O en otras palabras, le cortamos el dedo al organismo estatal encargado de señalar la luna.
Mientras tanto, algunos funcionarios en Formosa arremeten con insultos contra Carlos Tevez –alguien que no necesita que le cuenten la pobreza– por señalar que grandes sectores de esa provincia viven en la pobreza. Una vez más, la luna no se debe señalar.
Lo mismo sucede con la muerte de niños por desnutrición en varias provincias. Hechos que hablan por sí mismos de que la AUH y los planes de vacunación no son suficientes para la pobreza estructural.
Cuando se trata de los pueblos originarios, el gobierno nacional y algunos provinciales desconocen la Constitución nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El clamor de estos pueblos no es escuchado cuando reclaman los territorios que les han quitado, ni cuando piden caminos, escuelas bilingües y políticas sanitarias para las comunidades. Salvo raras excepciones, critican al dedo que no es condescendiente con sus intereses, mientras gobiernos como el de Gildo Insfrán imponen su política autoritaria de señor feudal, reprimen violentamente a las comunidades indígenas y les quitan sus territorios con la complicidad del gobierno nacional.
Los pueblos luchan por sus derechos, su identidad y valores,
y no quieren prebendas ni asistencialismo, ni ser utilizados ni manipulados políticamente por las autoridades. La gravedad de la situación los llevó una vez más a hacer el acampe en Av. De Mayo y Av. 9 de Julio y llevan hasta la fecha siete meses de espera y reclamos, sin resultado alguno.
Tanto la Presidenta, como el gobernador de Formosa, como el INAI –Instituto Nacional de Asuntos Indígenas– lo único que hacen es mirar el dedo, y siguen su política de reprimir, poniendo en evidencia el racismo, la exclusión social y la violencia institucional.
Hasta la fecha la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación convocó a dos reuniones con resultado cero, para tratar de resolver el conflicto. Esos encuentros, semejantes al cuento del arbolito, sólo buscaron el desgaste de los indígenas y ganar tiempo sin lograr avance alguno y que el problema lo asuma el gobierno que sigue.
Pero los gobiernos pasan y los pueblos quedan. Los pueblos originarios continúan y están dispuestos a continuar la resistencia no violenta y permanecer el tiempo necesario hasta lograr sus objetivos.
Es urgente que otros poderes del Estado se manifiesten sobre la situación que viven los quom, los pilagá, los wichis y los guaraníes. Se han reclamado audiencias públicas sobre la situación de violencia social y estructural que viven esos pueblos en las provincias del país.
No es posible continuar con la actual situación de violencia a que son sometidos los pueblos originarios. Es triste ver que en la campaña electoral los candidatos no tienen en sus propuestas a los pueblos originarios. Continúan viendo el dedo y no la luna, y se hacen los idiotas.
Pero siempre existe la esperanza y la capacidad solidaria del pueblo en apoyar y acompañar las causas justas.
Es necesario pasar de una democracia delegativa a una democracia participativa. Los gobernantes y funcionarios, como los dirigentes políticos, tienen que saber que lo que siembran recogen. Si la democracia es derecho e igualdad para todos y todas, debe serlo para todos y todas, y con prioridad en los más vulnerables.

Adolfo Pérez Esquivel

Premio Nobel de la Paz

5 meses de acampe de Pueblos Originarios en Av. 9 de Julio

Los derechos humanos continúan siendo violados por gobiernos con democracias formales y están sufriendo una crisis conceptual. Frente a las protestas sociales de pobladores e indígenas, los gobiernos, a veces nacional a veces provinciales, responden con represión, persecución y/o intimidación, judicializando las protestas por oponerse a la minería a cielo abierto y a los daños ambientales y la destrucción productiva regional. Políticas que provocan el éxodo de pobladores de sus territorios y el aumento de zonas marginales periféricas en las grandes ciudades, generando mayor pobreza y marginalidad.

El gobierno quiere la continuidad de su política de “proyecto nacional y popular” contradictoria, que entrega los bienes y recursos del pueblo a las empresas trasnacionales, como el petróleo, el gas, los minerales, y amplía las fronteras sojeras, los agro-tóxicos, las semillas robadas, la destrucción de la biodiversidad por empresas como Monsanto y la Alumbrera, la Barrick-Gold y Chevron entre otras, contaminan el ambiente generando  enfermedades cancerígenas en los pueblos fumigados y pretenden implementar la minería por fracking en territorios ancestrales. Todos elementos que influyen sobre la situación de los pueblos originarios, ya que está en juego el territorio. Territorio de negocios para algunos, pero la Madre Tierra para los pueblos originarios.

Merced a todo esto los pueblos originarios están desde hace más de cinco meses en el acampe en Av. de Mayo y la 9 de Julio, reclamando ser recibidos por el gobierno nacional frente a las continuas violaciones de sus derechos por los Leer el resto de esta entrada »

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