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La CPM pide la desclasificación de los archivos de inteligencia. Quince años de gestión del archivo de la DIPPBA

El debate actual, suscitado por la muerte del fiscal federal Dr. Alberto Nisman, descubrió a los ojos de la sociedad la trama oculta del funcionamiento siniestro de los servicios de inteligencia, aún no desmantelados.

En el imprescindible desafío de la reforma estructural de todo el sistema de inteligencia nacional y de las provincias, la desclasificación de sus archivos es una de las tareas a emprender para profundizar el proceso de democratización del estado.

Múltiples preguntas emergen en estos días. ¿Para qué sirven las agencias de inteligencia? ¿Cómo y para qué el Estado ha espiado a sus ciudadanos en los diferentes tiempos históricos? ¿Qué han hecho las centrales de inteligencia con la información que producen y recolectan? ¿Hasta dónde penetran en el tejido social las diversas acciones de espionaje? ¿Qué rupturas y continuidades es posible advertir si se comparan los tiempos de dictadura y los tiempos de democracia? ¿Cómo han cooperado entre sí las diferentes agencias de inteligencia que operan en los múltiples territorios y escalas? ¿Quién espía, a quiénes se espía, por qué y para qué?

En torno a estas y otras preguntas, la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires viene trabajando desde el año 2000, cuando asumió el desafío de custodiar y gestionar el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia (DIPPBA). La ley 12642, votada por unanimidad en la Legislatura provincial ordenó la desclasificación de este Archivo y entregó a la CPM su custodia. A lo largo de estos 15 años, la delicada y valiosa tarea de análisis y apertura al público de este acervo documental de más de 4 millones de fojas permitió acumular una vasta experiencia de trabajo que habilita múltiples reflexiones en torno a las prácticas de inteligencia que han tenido y tienen lugar en la Argentina.

Un riguroso análisis de las tareas de espionaje realizadas durante más de 40 años[1] por la DIPPBA, los documentos públicos recolectados por sus agentes, los informes y legajos elaborados y clasificados minuciosamente, la realización sistemática de grabaciones audiovisuales y su prolífica producción de material de doctrina permiten dar respuesta a algunas preguntas necesarias para comprender qué lugar ha ocupado y ocupa en la gestión del Estado la maquinaria sigilosa y solapada de las agencias de inteligencia.

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Una política que exige construir consensos

Publicado en la edición impresa del diario La Nación el día 31 de enero de 2015.

Han transcurrido 20 años sin lograr justicia por los atentados a la AMIA y la embajada de Israel, entre los muchos crímenes impunes de estos 31 años de gobierno constitucional. Ahora se suma la muerte del fiscal Alberto Nisman, a cuyos familiares acompañamos en su dolor. Es un hecho que nos estremece como sociedad y es imperioso su pronto esclarecimiento. Hay que desandar la impunidad y el encubrimiento que ensombrecen nuestra vida y futuro como nación.

Según diversas fuentes, durante estos años la investigación de la masacre AMIA evidencia el alineamiento del fiscal Nisman y otros con las instrucciones dictadas por la embajada de EE.UU. para centrar la acusación sobre Irán. La causa, como la denuncia más reciente, ha quedado moldeada por las disputas entre facciones de los servicios cuyo principal responsable se alineaba con intereses extranjeros, notablemente de EE.UU. e Israel.

Por eso, junto a familiares de las víctimas y otras organizaciones, seguiremos reclamando la apertura de los archivos de los servicios y la creación de una Comisión de Investigación Independiente del atentado contra la AMIA. Sólo así podrá superarse el fracaso, y avanzar hacia la verdad y la justicia acerca del atentado y sus ocultadores.

El proyecto de ley presentado por Apemia, en junio de 2014, debe tratarse con prioridad en la próxima sesión parlamentaria.

Hasta ahora, el gobierno nacional ha reaccionado planteando la disolución de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) y la creación de un nuevo organismo subordinado a los poderes democráticos. Sin duda, poner los servicios de inteligencia al servicio y bajo el control del pueblo es una deuda largamente pendiente.

Pero ello debe ser el resultado de un amplio debate ciudadano y la construcción de consensos enfocando a fondo la política de Inteligencia. Pretender saldar el debate en 30 días, sobre todo después de años de inacción, no nos llevará al “nunca más” buscado.

Cambiar, además de su nombre, el paradigma bajo el cual se realizan tareas de inteligencia no será fácil. Si los servicios pudieron acumular tanto poder, es porque a muchos les convino que así sea. Pero si no están al servicio del pueblo, no deben existir.

La ex SIDE se constituyó en su propio poder político y se involucraba en campañas ilegales de difamación, extorsiones, el tráfico de drogas, personas y armas, entre otros delitos. En otras palabras, atentaba contra todos los intereses de la Nación. Por lo que encarar su disolución y plantear, junto a la sociedad, la construcción de un nuevo paradigma de Inteligencia, debe implicar la investigación y juzgamiento de su acción y sus redes de influencia y crimen en la vida pública como privada.

Asimismo implica esclarecer y poner fin al papel del jefe del Ejército, César Milani, desarticular la dotación de personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, desmantelar la orgánica del cuerpo de informaciones de la Policía Federal Argentina y redefinir los objetivos y la manera en que el Estado recolecta y protege los datos personales de la ciudadanía. Precisa fortalecer la transparencia y democracia en todas las instituciones estatales, incluido el Poder Judicial.

La democracia y los derechos humanos no se regalan, se construyen con la participación ciudadana. Ése es el sentido de la marcha amplia convocada para el 4 de febrero. Tengamos presente que sobre la impunidad no es posible construir la democracia.

Adolfo Pérez Esquivel

Premio Nobel de la Paz

Presidente del Servicio Paz y Justicia

¿Al servicio de quién?

(Bs. As. 27/01/15) Los servicios de inteligencia del estado se han apartado de la legalidad, se han autonomizado del poder político -que nunca tuvo el control de los mismos- y en las diversas facciones que los atraviesan se encuentran reiteradas evidencias de sus actividades y vinculaciones con campañas de difamación, extorsiones, narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas que atentan contra los intereses democráticos de la Nación. Los servicios de inteligencia nunca estuvieron al servicio del pueblo argentino.

Celebramos que hoy el gobierno nacional, luego de desplazar a la conducción de la exSIDE, decida quitarle el poder de las escuchas, subordinar los servicios de inteligencia al poder democrático, y a crear mejores mecanismos de control para que estén al servicio de la Nación.

Esperemos que el proyecto del ejecutivo sea efectivo y que esta nueva Agencia Federal de Inteligencia sea concertada con todas las fuerzas democráticas y populares para una profunda reforma de las políticas de inteligencia. Sin embargo ahí no termina la tarea, entre otras cosas, también se deberá desarticular la dotación de personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas bajo directivas de Milani y la orgánica del cuerpo de informaciones de la Policía Federal Argentina. Así como también se deberá redefinir la manera en que el Estado recolecta y protege la información de la ciudadanía -la ley de identificación actual es de la dictadura de Onganía-. Es fundamental la transparencia legal e institucional en todas las instituciones estatales, incluido el Poder Judicial. En especial en lo que hace a las investigaciones del caso AMIA.

La muerte del fiscal Nisman, cuyas causas revisten todavía varias hipótesis de suicido, suicidio inducido u homicidio, pone al desnudo los déficits pendientes de nuestra democracia para garantizar justicia. Son muchos los interrogantes que este grave hecho genera,  y más aún las evaluaciones que pueden inferirse del contexto en que se produce.

Cualquiera sea la evaluación que puede efectuarse de la denuncia del fiscal, resulta necesario investigar la presentación y determinar la pertinencia de sus acusaciones. Pese a las muchas dudas que genera la oportunidad y consistencia de su denuncia, será tarea de la justicia dilucidar la consistencia de la misma.

Desde el inicio de la gestión kichnerista la política exterior adoptada fue alinearse con los EEUU en la acusación contra Irán, de la cual da muestra el nombramiento del fiscal y del todopoderoso responsable de inteligencia en la ex Side designado para trabajar en la investigación de la causa. La acusación contra Irán fue reiteradamente sostenida por el gobierno nacional en diversos foros internacionales pese a que las principales pruebas para sostener dicha acusación provinieran de fuentes interesadas y sospechadas como la CIA y el Mossad. Los EEUU iniciaron una guerra basados en acusaciones fraguadas obtenidas por los servicios inteligencia que  acusaban a Irak de poseer armas de destrucción masiva. Esta acusación permitió justificar la invasión, desbastar Irak y generar un proceso de desestabilización regional. Una investigación independiente debiera apelar a diversas fuentes, no sólo las que provean sectores de inteligencia, para poder fundamentar las acusaciones de quienes fueran los ejecutores del atentado de la AMIA.

La investigación de la causa AMIA, como ilustra la información provista por WikiLeaks, evidencia el alineamiento y colaboración del fiscal Nisman con las instrucciones dictadas por la embajada norteamericana para centrar la acusación sobre Irán, descartando la investigación de otras pistas también plausibles de sospecha como la mentada pista Siria que no ha sido explorada en las investigaciones en curso para evaluar su pertinencia o descartarla con fundamentos. La causa ha quedado moldeada por las disputas de diversas facciones de los servicios de inteligencia cuyo principal responsable se alineaba con los intereses de los EE.UU. Y todo indica que el objetivo es asegurar una trama de impunidad de la misma.

El Poder Judicial en lugar de disponer como auxiliar de su investigación la eventual información que pudieran haberles provisto las agencias de inteligencia aparece en diversas oportunidades y con diferentes actores subordinada y presa de los designios, y disputas de estos servicios.

Han transcurrido más de 20 años sin lograr justicia del atentado en la AMIA y la embajada de Israel, actos terroristas que continúan en la total impunidad; frente a esta situación APEMIA (una de las organizaciones de familiares de la AMIA), ha presentado un proyecto de ley para la formación de una comisión investigadora independiente, es un derecho que  tienen los familiares de las víctimas y el pueblo argentino.

Como comunidad reclamamos junto a los familiares de las víctimas de la AMIA que la justicia investigue en forma independiente todas las pistas que puedan asegurar la identificación y sanción de los responsables del atentado, así como para sancionar la trama de ocultamiento e impunidad que ha impedido una investigación independiente de la causa.

Acompañamos a los familiares del fiscal en este momento de dolor y reclamamos que se investigue su muerte con la celeridad necesaria para esclarecer los hechos.

La democracia y los derechos humanos no se regalan, se construyen con la participación ciudadana. Y en esta etapa resulta fundamental asegurar la subordinación y control democrático de los servicios de inteligencia. Tengamos presente que sobre la impunidad no es posible construir la democracia.
 
Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz
Presidente del Servicio de Paz y Justicia

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