La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) destaca la decisión de la Fiscalía Federal de Esquel de solicitar la recaratulación del expediente judicial por el delito de desaparición forzada de Santiago Maldonado. Este pedido venía siendo requerido por la CPM, como querellante en la causa, y por la familia de Santiago. El cambio en la calificación legal reconoce, al mismo tiempo, la única hipótesis que viene conduciendo toda la investigación judicial: la Gendarmería es responsable de la desaparición de Santiago Maldonado.

El comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal confirma que “se continúa investigando la  desaparición forzada de Santiago Andrés Maldonado ocurrida el 1º de agosto”. Y agrega: “La gravedad del caso relativo a la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por  una fuerza federal” obliga a tomar las medidas necesarias para determinar la responsabilidad de las personas que pudieran ser responsables de su desaparición.

Santiago Maldonado fue desaparecido tras la brutal represión de Gendarmería en la Lof de Cushamen; los testigos afirman que Santiago fue golpeado por gendarmes y trasladado en una camioneta de esa fuerza federal. Desde el primer momento, la CPM denunció la responsabilidad de la Gendarmería en el hecho y, a las pocas horas, presentó un habeas corpus por desaparición forzada.

Ese mismo habeas —y otros que se fueron agregando— dio origen a la investigación judicial que, bajo el expediente N 8232/2017, se había iniciado con la carátula de “averiguación de delito”. La resolución de la fiscal Silvina Ávila reconoce que, las pruebas que constan en el expediente, apuntan hacia la desaparición forzada como única hipótesis.

Ahora, con el cambio en la calificación legal, se hace aún más urgente e imprescindible concentrar y maximizar los recursos judiciales para avanzar en esa línea de investigación. En este contexto,  la fiscalía también comunicó que ya ordenó “medidas de georreferencia tendientes a ubicar a la víctima y a cada uno de los vehículos que pertenece a la fuerza [Gendarmería]”.

En esa misma línea, la CPM vuelve a reclamar que se avance en la identificación, secuestro, y peritaje de las armas que fueron utilizadas en la represión del 1º de agosto, en las pericias sobre la totalidad de los sistemas de comunicación de Gendarmería y que se investiguen las cámaras de seguridad y videos filmaciones de la zona.

Con la resolución de la fiscalía, y teniendo en cuenta las pruebas del expediente judicial y el pedido de las querellas, la CPM espera que el Juez Federal Guido Otranto decida finalmente el cambio de carátula.

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