Revista Paz y Justicia Argentina 1983

La Democratización y los Derechos Humanos

Editorial de la Revista Paz y Justicia Argentina de Julio de 1983

Después de siete años, el país enfrenta, por fin, la posibilidad de alcanzar un estado democrático. El pasaje a ese estado necesariamente pacífico está signado, todavía, por las violencias individuales y sociales. Por un lado se mantienen vigentes todas las estructuras de la represión y sus métodos –secuestros, crímenes burdamente disfrazados de justicia-, y por otro continúan las manifestaciones de un régimen que se ha caracterizado por su impunidad –la corrupción, el escamoteo de sus propios delitos- y por su indiferencia hacia los males que oprimen a los argentinos: el hambre la desocupación, la falta de viviendas, de salud, de educación. El salario real cayó un 40% respecto del de 1974; cerca de cinco millones de personas ganan sueldos por debajo de la línea de pobreza, esto significa menos que el 50% de la canasta familiar del año ’70 (en el año ‘74 esta fue un 20% superior): sólo el 34% de la población cubre sus necesidades mínimas; el 28% de la población de siete años y más nunca asistió a la escuela; el 48,5% de la población de niños de seis años y más desertó de las aulas. Estos datos, que podrían multiplicarse largamente –siempre en el mismo sentido negativo- a medida que avanzáramos en los diversos temas de la realidad social, son síntomas de una estructura de injusticias que, en un país mayoritariamente cristiano, amenaza perpetuarse mucho más allá de la de la permanencia efectiva del actual gobierno militar.

Esta estructura, impuesta violentamente a nuestro pueblo, está basada en un modelo de sociedad capitalista liberal, expresamente condenada por los pastores de las iglesias latinoamericanas en Medellín, Puebla y Oaxtepec.  

El pueblo argentino, al igual que los pueblos hermanos de América Latina, ha sabido resistir a ese intento por doblegarlo. Los regímenes militares, a pesar de obrar con el pretexto de la doctrina de la seguridad nacional, imponiendo el miedo para concretar su plan de entregar el país, no han podido institucionalizarse. Está claro que el pueblo quiere que termine por fin el oscuro ciclo de las dictaduras militares.

La lucha por la democracia en la Argentina es parte hoy de la lucha por la Justicia, porque es en la democracia donde se logrará la Paz verdadera. Pero se necesita algo más que definirse con teorías generales. La democracia por la que trabajamos no deberá confundirse con modelos de sociedad donde la participación del pueblo es solo formal, modelos que se mantienen en tanto no afecten los intereses de las multinacionales, los países imperialistas y las minorías nativas asociadas a esos intereses.

Revertir esas situaciones es tarea fundamental de quienes estamos empeñados en el establecimiento de una democracia real, y en este sentido, los partidos políticos deberán tener en cuenta que el aspecto esencial de esta lucha es la reivindicación de los derechos humanos: el derecho de las personas y el derecho de los pueblos.

Los partidos políticos deberán abordar directamente el tema de los derechos humanos, en todos sus aspectos, afrontándolo con honestidad y valentía. En el terreno de las personas, el drama de los desaparecidos, deberán tener en cuenta que, si bien no debe haber revanchas, ni odios, ni venganza, es necesario preguntarse si es posible una reconciliación que no se asiente sobre la verdad y la justicia. Esa verdad y esa justicia exigen que todos y cada uno de los responsables de la represión rindan cuentas al pueblo ante los tribunales correspondientes.

En el terreno del derecho de los pueblos se deberá tener en cuenta, también, que no alcanza con una democracia formal para que no se repitan los golpes; no podrá afianzarse el camino democrático sin enfrentar  el militarismo y sus consecuencias: el armamentismo, el servicio militar obligatorio, los programas de estudio en los institutos militares. Hay que rescatar a las FF.AA. como parte integral del Pueblo. Y Tampoco será posible afianzar la democracia si se persiste en ignorar las causas de nuestra dependencia: la irracional explotación de los recursos humanos y naturales del país, la postergación de las economías regionales, la paralización de los posibles polos de desarrollo, la existencia de provincias pobres y ricas, las tremendas marginaciones culturales que se producen dentro de nuestro país.

Enfrentar esta realidad implica hacerse otra pregunta: ¿podemos luchar como nación contra la dependencia, la opresión y el subdesarrollo sin unirnos con los pueblos hermanos de Latinoamérica en una Patria Grande?

Estamos convencidos de que, o encontramos la forma de establecer una democracia participativa, que garantice la concreción de proyectos nacionales y latinoamericanos para la justicia social, la distribución justa de los recursos, el protagonismo independiente y el no alineamiento real, o no se logrará el verdadero triunfo de los pueblos.

En ese contexto, creemos necesario repetirlo, la defensa de los derechos humanos es primordial, porque esos derechos son los primeros en ser atacados y destruidos por quienes quieren nuestra dependencia como pueblos y como individuos. Los derechos humanos son nuestro derecho a la vida y también, a ejercer la soberanía popular. Es esto lo que permanentemente viola el modelo aplicado en nuestro país.

El pensamiento neoconservador necesita imaginar una democracia gobernable hasta el punto en que en ella se pueda imponer su proyecto entreguista; pero cíclicamente se encuentra con la verdad: el crecimiento de los conflictos sociales, que en una democracia tienden a emerger claramente, impide el mantenimiento de esa ficción. Por eso propugnaron regímenes como el que hemos soportado desde 1976. Pero ahora, ante la imposibilidad de que el régimen se siga sosteniendo, dada la crisis económica y política que generó, y ante el avance de la lucha popular, vuelve a apelar a la posibilidad de una democracia solo aparente, restringida, que actúe como válvula de escape del descontento generalizado, pero que garantice las estructuras capitalistas de dependencia y explotación de las mayorías nacionales.

La gran disyuntiva continúa siendo: Liberación o dependencia. No es nada más ni nada menos que la vigencia o el avasallamiento de los derechos de la persona y de los pueblos.

Esto nos lleva al fundamental problema de la reestructuración de las FF.AA. y de seguridad, entre cuyos integrantes hay un sector claramente identificado con esa dependencia, con ese avasallamiento de los derechos fundamentales.

El aparato represivo, aún intacto, habla claramente de la intención de seguir manteniendo los planes que llevaron a la postración  y la miseria. Pero es el pueblo el que debe decidir su forma de vida, es el pueblo el que debe decir su palabra con firmeza y coraje ante quienes quieren hablar con la torpeza asesina de las armas.

La batalla por los derechos humanos definirá si nos espera un destino de paz o nuevos años de dolor. Los cristianos, con la ayuda de Cristo, Señor de la Historia, debemos ser sal, luz y fermento de esta lucha de liberación.         

Adolfo Pérez Esquivel

Premio Nobel de la Paz

Presidente del Servicio Paz y Justicia

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