Comité contra la Tortura

El Comité contra la Tortura fue creado en el año 2002, con el objetivo de monitorear lugares de detención y prevenir y denunciar violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Su accionar, por ser un área de la Comisión por la Memoria, se inscribe en los principios de autonomía funcional y financiera establecidos en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas para el control de lugares de encierro.

A la intervención respecto de la violación masiva de derechos en los lugares de detención de la provincia de Buenos Aires (cárceles, comisarías e institutos de menores), se agregan los casos abuso policial en general.

Además el Comité pretende incidir en las políticas públicas vinculadas al sistema penal, penitenciarias, de seguridad y de niñez y adolescencia, promoviendo su adecuación a los estándares constitucionales e internacionales. Otro objetivo consiste en coordinar acciones tendientes a la difusión de esta problemática.

Anualmente, se publica un Informe que da cuenta y evalúa el estado de situación de estas políticas en la Provincia de Buenos Aires.

Ver Informes Anuales e Informes Especiales para Organismos Internacionales.

Áreas de trabajo

1. Área de inspección a lugares de detención

Este Área coordina las inspecciones en los lugares de detención que lleva adelante el equipo de profesionales del Comité. Periódicamente se realizan inspecciones sorpresivas a Unidades carcelarias, Institutos de Menores, Comisarías o Alcaidías.

Estas inspecciones pueden ser generales, parciales o de emergencia. Las generales tienen por objetivo relevar las condiciones de detención, hábitat, régimen de vida, trato, régimen de sanciones y padecimiento de torturas y malos tratos, sobrepoblación o corrupción que se registren en dichos ámbitos. En las mismas se recorre minuciosamente todo el lugar de detención.

Las inspecciones parciales tienen el mismo objetivo, pero se circunscriben a uno o varios Pabellones o sectores donde se recibió alguna denuncia o información de violación a los derechos humanos.

Las inspecciones de emergencia se llevan a cabo para intervenir en casos urgentes o graves de violación de derechos, individuales o colectivos.

Las inspecciones se desarrollan con protocolos de intervención respetuosos de los estándares internacionales de monitoreo y preservando la confidencialidad de la información brindada por los detenidos.

El equipo profesional recorre pabellones e ingresa en las celdas constatando in situ las condiciones de alojamiento y entrevistando allí de manera privada, a los detenidos alojados en ellas.

Por otra parte se desarrollan proyectos anuales de investigación sobre diferentes aspectos del sistema penal, en muchos de ellos de manera conjunta con las Universidades Públicas u otros organismos de derechos humanos. Estos proyectos se implementan de manera coordinada entre las diferentes áreas de trabajo del Comité.

Se profundiza, indaga y releva sobre diferentes núcleos problemáticos que por su especificidad requieren de un abordaje especialmente diseñado de investigación e intervención profesional. Mujeres en situación de encierro, niños detenidos con sus madres en cárceles, salud y VIH de personas detenidas y educación, han sido los ejes temáticos a partir de los cuales se diseñaron proyectos de investigación e intervención y diseño de políticas públicas.

2. Área de recepción de denuncias

La necesidad de extender el contacto con los privados de libertad y de permitir una vía rápida de denuncia, determinó la implementación de un sistema gratuito de recepción de llamados telefónicos al que acceden directamente los detenidos y sus familiares sin costo alguno. También se asiste a gran cantidad de familiares que concurren a nuestra sede o las Delegaciones que el Comité posee en las ciudades de Olavarría y la Matanza.

A partir del llamado o de la recepción de la denuncia (incluidas las que se reciben en las inspecciones) se inicia el procedimiento a través de la creación de un expediente. El equipo de profesionales clasifica el tipo de denuncias e interviene a través de distintos mecanismos judiciales según la gravedad de cada caso. Se remiten habeas corpus individuales y colectivos, denuncias penales, denuncias administrativas, oficios a funcionarios del poder judicial u otras instituciones.

Por otra parte a partir de la información oficial recibida del poder judicial provincial con motivo de diferentes Acordadas o Resoluciones emitidas por la Suprema Corte Provincial y el Ministerio Publico, se han diseñado diferentes bases de datos que permiten tener una mirada sobre el funcionamiento del sistema penal, los hechos violentos ocurridos en lugares de detención, las muertes y casos de torturas acontecidos, la cantidad de delitos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad y su resolución.

3. Área de litigios

Como herramienta fundamental para transformar las violaciones estructurales de derechos humanos que se registran, se utiliza el litigio estratégico. En casos emblemáticos o que permiten mostrar la gravedad o deterioro del sistema penal y de detención, el Comité Contra la Tortura representa judicialmente a víctimas de violaciones a derechos humanos, como modo de luchar contra la impunidad y promover el real acceso a la justicia de quienes se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad.

También se realizan acciones judiciales o administrativas tendientes a garantizar derechos de toda o una parte de la población detenida: habeas corpus colectivos, amparos, presentaciones como “amicus curiae”, etc.

Asimismo se realizan presentaciones ante los organismos internacionales de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, donde se denuncian casos particulares o elevan informes temáticos o alternativos sobre la situación provincial.

Equipo

Director
Abogado Roberto F. Cipriano García

Sub-directores
Abogada Alicia Romero (área inspecciones)
Abogada Melina Boffelli (área de recepción de denuncias)

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