Author Archives: Prensa Pérez Esquivel

Derechos humanos y unidad en la lucha

En los últimos meses y en particular a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, en el contexto de una acción represiva del estado nacional contra la comunidad mapuche de Cushamen, se ha desatado una campaña contraria a los pueblos originarios y en particular al reclamo por el reconocimiento de sus tierras.
Aquellos que se rasgaban las vestiduras, criticando “el periodismo militante” hoy “militan” descaradamente a favor de los terratenientes nacionales y extranjeros, deslegitimando los derechos de los pueblos originarios que están consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados internacionales de los cuales nuestro país es firmante.
La campaña mediática sostenida por ministros del gobierno nacional, ha pretendido instalar la idea de un “enemigo interno”, las comunidades mapuches, contra las cuales se ha desatado una implacable campaña mediática y represiva, ejercida por fuerzas de seguridad y por grupos operativos informales que por la impunidad con que actúan no están ajenos a los servicios de inteligencia.
En esa lucha por el reconocimiento y acceso real a las tierras de los pueblos originarios, venimos apoyando la renovación de la prórroga de la ley 26.160 que permite realizar el relevamiento de las territorial donde viven las comunidades, paso previo para poder acceder a su efectivo reconocimiento y titularización. La normativa ha tenido varias postergaciones, pese a lo cual no se ha finalizado el relevamiento completo, de ahí la urgencia para que se prorrogue nuevamente.
Mientras se realiza el relevamiento territorial, la ley 26.160 establece que no pueden ejecutarse desalojos de comunidades. Sin embargo, se han producido desalojos que no han podido evitarse por las complicidades de los gobiernos provinciales, con terratenientes y empresas del “agronegocio” y por la falta de compromiso de los poderes judiciales provinciales. La normativa permite poner un freno a los desalojos que se intensificarian si no se aprueba su prórroga.
Esta ley cuenta ya con media sanción parlamentaria del Senado y debe tratarse en Diputados. Esperamos que prime en los legisladores el reconocimiento de los derechos de los pueblos ancestrales, por sobre los grandes intereses transnacionales y nacionales que se han apropiado de grandes extensiones de tierras que corresponden a comunidades originarias.

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Santiago Maldonado: la Fiscalía pidió el cambio de carátula a desaparición forzada

En base a las pruebas que constan en la investigación judicial, la Fiscalía Federal de Esquel solicitó que se cambie la carátula de la causa Santiago Maldonado a desaparición forzada. La decisión del Ministerio Público Fiscal reconoce que la principal hipótesis de la investigación apunta a la responsabilidad de la Gendarmería en la desaparición de Santiago tras la represión del 1 de agosto a la lof de Cushamen. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sostuvo desde el primer momento que se trataba de una desaparición forzada, así lo hizo en el habeas corpus presentado a las pocas horas de conocer el hecho. En este sentido, vuelve a exigir que se tomen las medidas necesarias para avanzar en esa línea de investigación.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) destaca la decisión de la Fiscalía Federal de Esquel de solicitar la recaratulación del expediente judicial por el delito de desaparición forzada de Santiago Maldonado. Este pedido venía siendo requerido por la CPM, como querellante en la causa, y por la familia de Santiago. El cambio en la calificación legal reconoce, al mismo tiempo, la única hipótesis que viene conduciendo toda la investigación judicial: la Gendarmería es responsable de la desaparición de Santiago Maldonado.

El comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal confirma que “se continúa investigando la  desaparición forzada de Santiago Andrés Maldonado ocurrida el 1º de agosto”. Y agrega: “La gravedad del caso relativo a la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por  una fuerza federal” obliga a tomar las medidas necesarias para determinar la responsabilidad de las personas que pudieran ser responsables de su desaparición.

Santiago Maldonado fue desaparecido tras la brutal represión de Gendarmería en la Lof de Cushamen; los testigos afirman que Santiago fue golpeado por gendarmes y trasladado en una camioneta de esa fuerza federal. Desde el primer momento, la CPM denunció la responsabilidad de la Gendarmería en el hecho y, a las pocas horas, presentó un habeas corpus por desaparición forzada.

Ese mismo habeas —y otros que se fueron agregando— dio origen a la investigación judicial que, bajo el expediente N 8232/2017, se había iniciado con la carátula de “averiguación de delito”. La resolución de la fiscal Silvina Ávila reconoce que, las pruebas que constan en el expediente, apuntan hacia la desaparición forzada como única hipótesis.

Ahora, con el cambio en la calificación legal, se hace aún más urgente e imprescindible concentrar y maximizar los recursos judiciales para avanzar en esa línea de investigación. En este contexto,  la fiscalía también comunicó que ya ordenó “medidas de georreferencia tendientes a ubicar a la víctima y a cada uno de los vehículos que pertenece a la fuerza [Gendarmería]”.

En esa misma línea, la CPM vuelve a reclamar que se avance en la identificación, secuestro, y peritaje de las armas que fueron utilizadas en la represión del 1º de agosto, en las pericias sobre la totalidad de los sistemas de comunicación de Gendarmería y que se investiguen las cámaras de seguridad y videos filmaciones de la zona.

Con la resolución de la fiscalía, y teniendo en cuenta las pruebas del expediente judicial y el pedido de las querellas, la CPM espera que el Juez Federal Guido Otranto decida finalmente el cambio de carátula.

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Beneficio a los represores: suprema vergüenza

El gobierno ha iniciado una campaña de desarmar la política de DDHH. Empezó con funcionarios que cuestionaban la cantidad de desaparecidos y muertos por la dictadura militar, afirmando que el número de desaparecidos era menor, es decir, hicieron que el problema sea poner en duda a los millones de argentinos que decimos que son 30 mil y no el plan sistemático regional de exterminio que afectó a todo el pueblo y a la humanidad. ¿Acaso alguien cuestiona que en los campos de concentración nazi murieron seis millones de judíos? ¿Quién cuestiona que el genocidio armenio cometido por las tropas turcas asesinó a un millón y medio de personas? Sólo los nazis, sólo el Estado turco.

Los desaparecidos son los ausentes siempre presentes. La desaparición es un delito de lesa humanidad que no deja de transcurrir hasta que no aparezcan las personas ausentes. ¿Quién explica a las madres y familiares víctimas de la represión que los genocidas reciban beneficios, cuando hasta la fecha ni siquiera hay arrepentimiento por los crímenes cometidos y no dan información alguna sobre el paradero de sus seres queridos?

La Corte Suprema ha justificado lo injustificable para beneficiar a los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad. Por tres votos contra dos, equipararon los crímenes de lesa humanidad con delitos comunes para reducir sus penas. La paradoja es que para los detenidos por estos delitos comunes, no se otorgan los mismos beneficios. Y en paralelo se endurecen las leyes penales y de ejecución para que permanezcan más tiempo detenidos, sosteniendo el discurso de mayor seguridad. Se parte del supuesto de que los represores en libertad, no afectarían la seguridad. No olvidemos la desaparición de Jorge Julio López y las amenazas y hostigamientos a los testigos de los juicios. Leer el resto de esta entrada »

Los rostros de los soldados de Malvinas

La Argentina fue arrastrada a la guerra de las islas Malvinas por la última dictadura militar y es necesario reflexionar serenamente sobre su intencionalidad.
La dictadura se enfrentó con crecientes protestas sociales y serias dificultades cuando la represión ya no era suficiente para contenerlas. En su estrategia para consolidar el poder interno buscó una posible guerra con Chile, país bajo la dictadura del general Pinochet. Intento que fue frenado por el papa Juan Pablo II y la intervención del cardenal Samoré, evitando una guerra entre pueblos hermanos.
La dictadura estaba en dificultades por la fuerte campaña internacional que denunciaba las graves violaciones de los derechos humanos, las torturas y la desaparición de personas. La resistencia interna del pueblo estaba creciendo y se lanzó la marcha del 30 de marzo de 1982, que fue reprimida violentamente, provocando cientos de heridos y presos en las cárceles y comisarías de la dictadura militar
El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas argentinas toman las islas Malvinas provocando la guerra con Gran Bretaña, que contaba con el apoyo de la OTAN y Chile. Utilizaron un reclamo legítimo del pueblo argentino sobre la soberanía de las islas pero no pensaban en la liberación del colonialismo británico. Manipularon ese sentimiento y clamor, que nace de las raíces de la patria, para fortalecer el frente político interno. Las consecuencias de la derrota de las fuerzas armadas argentinas son conocidas y no es mi intención en esta nota referirme a esa situación.
Las fuerzas militares que decían defender la patria terminaron estaqueando, enterrando hasta el cuello a los soldados, y obligando a sumergirse en aguas heladas a los que salían a buscar alimentos o carneaban una oveja para comer. Violaron los derechos básicos de los soldados, crímenes que deben ser investigados por la Justicia, que desde hace diez años,, tiene bloqueada la causa en Río Grande, Tierra del Fuego, sin que nadie haya sido citado a indagatoria.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria fuimos a denunciar la actual militarización británica del Atlántico sur, y a rendir homenaje y orar por los soldados argentinos muertos en la guerra, que están sepultados en el cementerio de Darwin. También presentamos respeto y oramos en el cementerio de San Carlos, donde se encuentran los soldados británicos muertos en la guerra. Al igual que en 1982, cuando hice una campaña internacional contra la guerra y para salvar vidas junto a la premio Nobel de la Paz irlandesa Mairead Maguire, fuimos a decir “no a la guerra, no en nuestro nombre”.
Fuimos a apoyar el convenio entre el gobierno argentino y el británico con la Cruz Roja Internacional para identificar a los 123 soldados argentinos cuyas tumbas no han sido identificadas y llevan grabado en mármol negro: “Soldado argentino, sólo conocido por Dios”. Es un derecho de los familiares saber dónde están sus hijos para honrarlos y hacer el duelo. Por eso dos tercios de las familias dieron su consentimiento dando su ADN para que se pueda identificar a su ser querido.
Los héroes de las Malvinas no son desconocidos, que sólo Dios conoce. Lamentablemente hay grupos, incluso de familiares, que se niegan a que se identifique a los soldados muertos en la guerra de Malvinas. Pretenden justificar lo injustificable, decir que la guerra no fue desatada por la dictadura que oprimía al pueblo, que provocó miles de muertos, desaparecidos, niños secuestrados y desaparecidos. Por lo que el pueblo, aún hoy, sigue buscando verdad, justicia y reparación por el daño hecho.
Honremos a nuestros jóvenes que dieron sus vidas en defensa del derecho del pueblo argentino a la soberanía sobre las islas arrebatadas por los británicos, y que lo hicieron aun a costa del sufrimiento que la dictadura militar les infligía, por no estar preparada para un conflicto como el que ella misma inició, sino para reprimir a su propio pueblo.

*Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria.

Publicado en la edición impresa del Diario Perfil. Disponible en línea en: http://www.perfil.com/columnistas/los-rostros-de-los-soldados-de-malvinas.phtml

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