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Derechos humanos y unidad en la lucha

En los últimos meses y en particular a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, en el contexto de una acción represiva del estado nacional contra la comunidad mapuche de Cushamen, se ha desatado una campaña contraria a los pueblos originarios y en particular al reclamo por el reconocimiento de sus tierras.
Aquellos que se rasgaban las vestiduras, criticando “el periodismo militante” hoy “militan” descaradamente a favor de los terratenientes nacionales y extranjeros, deslegitimando los derechos de los pueblos originarios que están consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados internacionales de los cuales nuestro país es firmante.
La campaña mediática sostenida por ministros del gobierno nacional, ha pretendido instalar la idea de un “enemigo interno”, las comunidades mapuches, contra las cuales se ha desatado una implacable campaña mediática y represiva, ejercida por fuerzas de seguridad y por grupos operativos informales que por la impunidad con que actúan no están ajenos a los servicios de inteligencia.
En esa lucha por el reconocimiento y acceso real a las tierras de los pueblos originarios, venimos apoyando la renovación de la prórroga de la ley 26.160 que permite realizar el relevamiento de las territorial donde viven las comunidades, paso previo para poder acceder a su efectivo reconocimiento y titularización. La normativa ha tenido varias postergaciones, pese a lo cual no se ha finalizado el relevamiento completo, de ahí la urgencia para que se prorrogue nuevamente.
Mientras se realiza el relevamiento territorial, la ley 26.160 establece que no pueden ejecutarse desalojos de comunidades. Sin embargo, se han producido desalojos que no han podido evitarse por las complicidades de los gobiernos provinciales, con terratenientes y empresas del “agronegocio” y por la falta de compromiso de los poderes judiciales provinciales. La normativa permite poner un freno a los desalojos que se intensificarian si no se aprueba su prórroga.
Esta ley cuenta ya con media sanción parlamentaria del Senado y debe tratarse en Diputados. Esperamos que prime en los legisladores el reconocimiento de los derechos de los pueblos ancestrales, por sobre los grandes intereses transnacionales y nacionales que se han apropiado de grandes extensiones de tierras que corresponden a comunidades originarias.

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NOTA PRESENTADA AL GOBERNADOR DE LA RIOJA POR LA REPRESION SOBRE FAMATINA (LA RIOJA)

Buenos Aires, 15 Octubre de 2015

Sr. Gobernador de la 
Provincia de La Rioja 
Sr. Luis Beder Herrera 

S / D

Me dirijo a Ud. con la finalidad de manifestarle mi preocupación por los hechos ocurridos en el día de la fecha, en las afueras de la localidad de Angulo, del Departamento de Famatina.

Los vecinos que se reunieron con el Sr. Miguel Urtube, supuesto dueño de la empresa minera MIDAIS sobre la Ruta Provincial Nº 11, el día viernes 2 de octubre del corriente año, en donde le presentaron una petición, que consistía en que se retirara del Cordón del Famatina. Fundándola, en que la población de Famatina manifiesta permanentemente la falta de licencia social, a éste tipo de actividad extractiva, y la misma se apoya en las vastas ordenanzas municipales que se han dictado a tal efecto, en la que se declara al Cordón del Famatina como zona intangible, como un área ambientalmente sustentable y que se prohíbe la minería a cielo abierto en dicho cordón montañoso. 

Luego de pasado unos días, el 9 de octubre del corriente año, nuevamente los vecino intentaron acceder a las instalaciones de la empresa, pero tres kilómetros antes, en donde se encontraban realizando una manifestación pacifica, en la que pretendían que la Empresa Minera les diera una respuesta a la petición que le habían realizado. Se encontraron con un grupo de policías armados, que les impedían el paso.

Frente a la falta de respuesta y debido a que la empresa realizaba su actividad sin la autorización municipal, el Intendente del Municipio ejerció su poder de policía ambiental, a través de la Resolución 1854/15, de acuerdo con lo prescripto por la Constitución Provincial de La Rioja en el artículo 168. 

En éste sentido, los vecinos que se estaban manifestando, lo hacían y lo hacen, ejerciendo su legítimos derechos consagrados en la Constitución Nacional a la que se incorporaran los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos (Art. 75 inc. 22), como así también los dispuestos en la Constitución de su Provincia (art. 19, art. 68 y 76 inc. 3)

Es por ello, que preocupa el accionar de la policía de la provincia y el nivel de criminalización de la protesta social en la Ciudad de Famatina. La criminalización de la protesta, es la forma de limitar la libre manifestación de los ciudadanos y ciudadanas, la violencia que es ejercida por el personal policial, en las manifestaciones públicas constituyen una violación a los derechos humanos y a los derechos de los Pueblos. 

Más alarman aún los dichos del Sr. Ministro de Gobierno, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Dr. Claudio Saúl que justifico el uso abusivo de la fuerza policial “en defensa del estado de derecho”. Es grave que se explique la represión ejercida, fundándose que dicho accionar se realizo en defensa del estado de derecho, dado que de ese estado de derecho, es del que deben gozar los ciudadanos de su Provincia y de Nuestro País, por lo tanto se debe priorizar la vida de los Pueblos y no los intereses económicos. 

Por lo expuesto, solicito que por su intermedio se tomen los recaudos necesarios para bajar los niveles de violencia institucional que sufren los pobladores famatinences y todo aquel ciudadano que se manifiesta abiertamente en contar de la mega minería, cuyo único “crimen” es defender el agua, el territorio en el que viven y sus vidas. 

Esperando una pronta resolución de la situación, le hago llegar un saludo de Paz y Bien.


Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz -1980-
Presidente SERPAJ

Atentado contra los hermanos qom de Formosa

¿HASTA CUANDO DEBEMOS SOPORTAR ESTAS INJUSTICIAS?

Una vez más la violencia, la injusticia y la muerte.  Una vez más, y ante la indiferencia de los gobiernos provincial y nacional, la violencia la sufren los más indefensos.

Una vez más la Provincia de Formosa ve con inercia como uno de sus hijos es atropellado, herido, golpeado y muertas dos mujeres, indefensas, calladas y sorprendidas.

Qué más podemos decir que no se haya dicho ya? Que la pasividad de las autoridades  permite la violencia y el atropello de los derechos de quienes tienen menos posibilidad de defenderse; que personas como el gendarme Cardozo que embistió la moto en donde iba Ricardo Coyipe y familia, demostró tanta saña e impunidad,  actitud propia de quienes integran una buena parte de la sociedad, discriminadora y racista.

Esta comunidad ha debido soportar todo tipo de violencia: amenazas, represión, heridos, muertos, indiferencia oficial, diálogo interrumpido, patoterismo, desconocimiento oficial del dictamen de la CIDH, etc., etc., y ahora pasó este terrible episodio.

Escuchamos decir a hermanos indígenas: “Nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales e instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Sin embargo vivimos una alarmante etapa de negación y exclusión…”  Y esa es la realidad que ninguna autoridad del Estado Nacional o Provincial quieren ver.

No podemos entender porqué un gobierno popular, que dice apoyar a los que menos tienen, a los que defienden sus derechos frente a poderosos, no puede hacer justicia por los hermanos qom de La Primavera; porqué no los recibe para escuchar sus reclamos.  ¿Es tan grande el compromiso político con la provincia de Formosa?

Si se valora tanto la historia ¿no es preocupante que este gobierno también se arriesgue a pasar a la historia por no escuchar las voces de los dueños de la tierra?

Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz
Presidente del SERPAJ

Violenta represión en Jujuy

El Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, organismo de DD.HH., presidido por Adolfo Pérez Esquivel, quiere expresar su preocupación por la situación de violencia que se vive en la Provincia de Jujuy, a raíz de la represión desatada por la movilización de vecinos del Barrio Malvinas.   Estos vecinos se negaron a que la Empresa EDESA, amplie una estación transformadora de energía eléctrica y que se encuentra enclavada en el medio de su barrio, causando  posibles contaminaciones que perjudican su salud, al mismo tiempo que se viola la Ley General del Ambiente, Ley 25.675 (que prevé una convocatoria a una audiencia pública).

 

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