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Hipocresía política y persecución judicial [Esp./Port.]

Se ha desatado en todo el continente la criminalización y persecución de los gobiernos y frentes políticos progresistas y populares. Se llama “lawfare” e implica usar el sistema judicial contra el enemigo en una especie de guerra judicial. No hay casualidades, esto es parte de la política de dominación para América Latina impulsada por los EE.UU. y sus agencias. Desde hace algunos años las embajadas norteamericanas de la región vienen trabajando muy cerca con actores de nuestros poderes judiciales a través de financiamiento, invitaciones a EE.UU. o a celebraciones en la residencia del embajador. Los resultados están a la vista: los que siempre viajan, reciben financiamiento y visitan la casa del embajador son los mismos que con simultaneidad inusitada están privando de derechos básicos a Lula Da Silva, a Cristina Kirchner y a Rafael Correa.

En la mayoría de los casos, estos mecanismos se apartan del Estado de derecho en nombre del Estado de derecho, al igual que cuando se declara la guerra en nombre la paz. Porque el objetivo principal no es la justicia, sino generar sospechas, desacreditar, judicializar y condenar antes del proceso de juzgamiento. Y al igual que en cualquier guerra, no se puede ganar sin la propaganda masiva de los grandes medios de comunicación, que ejecutan las campañas de desprestigio contra los ex mandatarios/as, que supieron desarrollar políticas de justicia social y soberanía nacional como hace mucho no sucedía en la Patria Grande.

Estos empleados judiciales locales de las embajadas de Estados Unidos, son actores/ directores mediáticos que dirigen escenas de allanamientos policiales y prepararan confesiones de arrepentidos (que luego se desdicen), que se ajustan a la medida de los intereses y tiempos políticos de los gobiernos neoliberales. El show que dirigen se llama “Bailando para meter preso al presidente/a”. Pero los directores pasan y los canales de televisión siempre quedan. Entonces, ponerle nombre a la guerra judicial en Brasil se llama Red Globo, en Argentina Grupo Clarín, y en Ecuador Diario El Universo.

Este proceso no empezó con la guerra judicial sino con los “golpes blandos” parlamentarios en Honduras (2009), Paraguay (2012) y Brasil (2016), donde bloques legislativos también se apartaron del Estado de derecho, cancelaron la presunción de inocencia de los mandatarios, y los desplazaron para imponer una agenda de gobierno radicalmente opuesta a lo que habían votado los pueblos.

Los objetivos finales de esta guerra son consolidar democracias restringidas donde el pueblo sólo pueda optar por alternativas neoliberales de ajuste, privatización, endeudamiento y sometimiento de la propia política exterior a la de los Estados Unidos, como ocurre con Temer, Macri y Lenin Moreno. En síntesis, es la transferencia de recursos del pueblo a los ricos, y la pérdida de soberanía nacional para la recolonización continental de nuestros recursos naturales.

Esta pésima película cargada de hipocresía y odio, la acabo de revivir cuando viajé para visitar a Lula en la prisión. Lo acusan injustamente de un delito que no cometió y no le quieren permitir ser candidato presidencial porque le tienen miedo. Miedo porque saben que puede ganar las elecciones y volver a luchar por mayor justicia redistributiva y mayor soberanía nacional. Por eso no tiene derecho a recibir entrevistas de medios de comunicación, mientras que muchos presos por motivos de sangre aparecen en la televisión todo el tiempo. Lula es un preso político y hasta la ONU lo tuvo que expresar hace unos días con mucha claridad al Estado de Brasil.

La falta de responsabilidad ético-jurídica y social nos espanta y nos recuerda los peores momentos vividos en el país y la región. La degradación a que son sometidas las instituciones del Estado y el pueblo, viola los derechos humanos y pone en riesgo las democracias que tanto costó construir.

La corrupción hay que combatirla con el Estado de Derecho, con altura y sin dañar a las personas. Nadie es culpable hasta que el acusador demuestre lo contrario, toda persona tiene derecho a un juicio justo y a no caer en manos de un juez que ha demostrado falta de equidad y equilibrio para impartir justicia. Quienes respetamos la democracia esperamos que el Poder Judicial argentino respete estos principios para investigar las cuentas offshore del Presidente y varios Ministros, la causa del Correo Argentino, el dinero no declarado que no se puede justificar, los aportes de campaña ilegales y tantas otras.

Nos duele profundamente como pueblo llegar a esta degradación de valores y de equidad, necesitamos fortalecer el derecho de vivir en democracia para todos y todas, y resistir en la esperanza de que otro país y otra Patria Grande son posibles.

Publicado originalmente en el diario Página/12: https://www.pagina12.com.ar/137519-hipocresia-politica-y-persecucion-judicial

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Hipocrisia política e perseguição judicial

Desatou-se em todo o continente um processo de criminalização e perseguição dos governos e frentes políticas progressistas e populares. O nome técnico utilizado para essa estratégia é lawfare, o uso do sistema judicial contra o inimigo, numa espécie de guerra judicial. Não há casualidades, isso é parte da política de dominação para a América Latina impulsada pelos Estados Unidos e suas agências. Há alguns anos, as embaixadas norte-americanas da região Leer el resto de esta entrada »

El Pueblo Argentino y sus banderas. A un mes de “Cambiemos”.

Los derechos humanos y la democracia son valores indivisibles, por eso nuestros presidentes suelen asumir los 10 de diciembre, día en que se conmemora el día universal de los Derechos Humanos.

Ha sido una lástima que el Presidente de la nueva administración del Poder Ejecutivo no haya mencionado ni una sola vez en su discurso a los derechos humanos -entre otros olvidos intencionados- y sólo haya mencionado lo humano como “recursos”.

El frente de partidos que deja el gobierno tuvo en tres gestiones una gran oportunidad para desmontar la herencia neoliberal y, si bien avanzó en algunos aspectos, no supo, no pudo o no quizo según los casos, desmontar esa herencia y avanzar en un proceso de emancipación nacional y social como sí sucedió en otros países de la región. Su discurso muchas veces contrastaba con sus actos y alianzas (corporaciones mineras, del agro, petroleras y financieras), mientras consolidaba un estilo de confrontación y polarización que le fue quitando apoyo en ciertos sectores sociales, culminando en el primer balotaje de la Argentina.

Luego de esto, a pesar de haber perdido, el FPV no ha hecho pública ninguna autocrítica de por qué pasó lo que pasó. Paradójicamente, no haber reconocido ningún error en 12 años puede tener mucho que ver con este desenlace: que por primera vez una coalición de derecha asuma el poder a través de elecciones libres y abiertas.

El pueblo evaluará las decisiones tomadas en base a las promesas de campaña, sus derechos, necesidades y lo que vaya mostrando la realidad. Mientras tanto, lo que vemos en este primer mes, son iniciativas muy preocupantes que atentan contra los trabajadores, las instituciones y derechos básicos para cualquier democracia.

Durante la campaña, la coalición electa “Cambiemos” puso mucho énfasis en respetar las instituciones y la república. Sin embargo, en menos de una semana pisoteó su propio relato republicanista con una aluvión de Decretos de Necesidad y Urgencia, que no tienen nada de necesarios ni de urgentes, con el fin de sortear el debate de nuestros representantes en el Congreso, sabiendo que se puede convocar a sesiones extraordinarias. Leer el resto de esta entrada »

LESA HUMANIDAD: CPM QUERELLANTE EN LA CAUSA DIPPBA. LA INTELIGENCIA FUE TERRORISMO DE ESTADO.


El terrorismo de Estado no habría sido posible sin los servicios de inteligencia que persiguieron, espiaron, ficharon y localizaron los “blancos a eliminar”. Las leyes, decretos y documentos de la ex DIPPBA permiten entender cómo actuaron durante la dictadura cívico militar.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó la presentación pública de la querella en la causa que investiga las acciones de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) en la planificación y ejecución del terrorismo de Estado.
Estuvieron presentes en el acto fiscal por delitos de lesa humanidad de La Plata, Hernán Schapiro, el vicepresidente de la CPM, Víctor Mendibil, y perseguidos por la DIPPBA.
La intervención judicial se desprende del fallo emitido en la causa conocida como “circuito Camps”, en el que se recomendó “investigar la presunta responsabilidad de los integrantes de la DIPPBA”. A raíz del dictamen, y por pedido del Juzgado Federal N°1 de La Plata, la CPM presentó un informe técnico de más de 60 páginas que expone las leyes orgánicas y los decretos que reglamentan el funcionamiento interno y dan cuenta de la jerarquización durante la dictadura y de la condición secreta de los servicios de inteligencia.
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¿Al servicio de quién?

(Bs. As. 27/01/15) Los servicios de inteligencia del estado se han apartado de la legalidad, se han autonomizado del poder político -que nunca tuvo el control de los mismos- y en las diversas facciones que los atraviesan se encuentran reiteradas evidencias de sus actividades y vinculaciones con campañas de difamación, extorsiones, narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas que atentan contra los intereses democráticos de la Nación. Los servicios de inteligencia nunca estuvieron al servicio del pueblo argentino.

Celebramos que hoy el gobierno nacional, luego de desplazar a la conducción de la exSIDE, decida quitarle el poder de las escuchas, subordinar los servicios de inteligencia al poder democrático, y a crear mejores mecanismos de control para que estén al servicio de la Nación.

Esperemos que el proyecto del ejecutivo sea efectivo y que esta nueva Agencia Federal de Inteligencia sea concertada con todas las fuerzas democráticas y populares para una profunda reforma de las políticas de inteligencia. Sin embargo ahí no termina la tarea, entre otras cosas, también se deberá desarticular la dotación de personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas bajo directivas de Milani y la orgánica del cuerpo de informaciones de la Policía Federal Argentina. Así como también se deberá redefinir la manera en que el Estado recolecta y protege la información de la ciudadanía -la ley de identificación actual es de la dictadura de Onganía-. Es fundamental la transparencia legal e institucional en todas las instituciones estatales, incluido el Poder Judicial. En especial en lo que hace a las investigaciones del caso AMIA.

La muerte del fiscal Nisman, cuyas causas revisten todavía varias hipótesis de suicido, suicidio inducido u homicidio, pone al desnudo los déficits pendientes de nuestra democracia para garantizar justicia. Son muchos los interrogantes que este grave hecho genera,  y más aún las evaluaciones que pueden inferirse del contexto en que se produce.

Cualquiera sea la evaluación que puede efectuarse de la denuncia del fiscal, resulta necesario investigar la presentación y determinar la pertinencia de sus acusaciones. Pese a las muchas dudas que genera la oportunidad y consistencia de su denuncia, será tarea de la justicia dilucidar la consistencia de la misma.

Desde el inicio de la gestión kichnerista la política exterior adoptada fue alinearse con los EEUU en la acusación contra Irán, de la cual da muestra el nombramiento del fiscal y del todopoderoso responsable de inteligencia en la ex Side designado para trabajar en la investigación de la causa. La acusación contra Irán fue reiteradamente sostenida por el gobierno nacional en diversos foros internacionales pese a que las principales pruebas para sostener dicha acusación provinieran de fuentes interesadas y sospechadas como la CIA y el Mossad. Los EEUU iniciaron una guerra basados en acusaciones fraguadas obtenidas por los servicios inteligencia que  acusaban a Irak de poseer armas de destrucción masiva. Esta acusación permitió justificar la invasión, desbastar Irak y generar un proceso de desestabilización regional. Una investigación independiente debiera apelar a diversas fuentes, no sólo las que provean sectores de inteligencia, para poder fundamentar las acusaciones de quienes fueran los ejecutores del atentado de la AMIA.

La investigación de la causa AMIA, como ilustra la información provista por WikiLeaks, evidencia el alineamiento y colaboración del fiscal Nisman con las instrucciones dictadas por la embajada norteamericana para centrar la acusación sobre Irán, descartando la investigación de otras pistas también plausibles de sospecha como la mentada pista Siria que no ha sido explorada en las investigaciones en curso para evaluar su pertinencia o descartarla con fundamentos. La causa ha quedado moldeada por las disputas de diversas facciones de los servicios de inteligencia cuyo principal responsable se alineaba con los intereses de los EE.UU. Y todo indica que el objetivo es asegurar una trama de impunidad de la misma.

El Poder Judicial en lugar de disponer como auxiliar de su investigación la eventual información que pudieran haberles provisto las agencias de inteligencia aparece en diversas oportunidades y con diferentes actores subordinada y presa de los designios, y disputas de estos servicios.

Han transcurrido más de 20 años sin lograr justicia del atentado en la AMIA y la embajada de Israel, actos terroristas que continúan en la total impunidad; frente a esta situación APEMIA (una de las organizaciones de familiares de la AMIA), ha presentado un proyecto de ley para la formación de una comisión investigadora independiente, es un derecho que  tienen los familiares de las víctimas y el pueblo argentino.

Como comunidad reclamamos junto a los familiares de las víctimas de la AMIA que la justicia investigue en forma independiente todas las pistas que puedan asegurar la identificación y sanción de los responsables del atentado, así como para sancionar la trama de ocultamiento e impunidad que ha impedido una investigación independiente de la causa.

Acompañamos a los familiares del fiscal en este momento de dolor y reclamamos que se investigue su muerte con la celeridad necesaria para esclarecer los hechos.

La democracia y los derechos humanos no se regalan, se construyen con la participación ciudadana. Y en esta etapa resulta fundamental asegurar la subordinación y control democrático de los servicios de inteligencia. Tengamos presente que sobre la impunidad no es posible construir la democracia.
 
Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz
Presidente del Servicio de Paz y Justicia

Los 3 pecados Capitales “Mujer, Indígena y Pobre”

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Ilustración: Milagros Martínez

El Tribunal Oral Criminal Nº 1 (TOC) de Quilmes, integrado por las Juezas Silvia Etchemendi, Marcela Viccio y Florencia Butierrez, condenó por unanimidad a Reina Maraz Bejarano, indígena quechua hablante de Bolivia.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) acompañó en el juicio a Reina y reclamó que su testimonio lo hiciera en su lengua materna, a través de una intérprete designada para su caso, debido a que en la justicia provincial no existe listado alguno de intérpretes en lenguas originarias. Reina testimonió con la intérprete sobre las situaciones de violencia ejercidas por su pareja y violaciones de su vecino. Por su parte, el fiscal, con una actitud despectiva y discriminatoria al dirigirse a Reina le reclamaba que presente las marcas de las violaciones. Una agresión a su condición de mujer. Pasaron tres años de éstas violaciones y agresiones que ella expuso ante el Tribunal, que en ningún momento  hizo ninguna pregunta a la acusada, ni tampoco trató de impedir la agresión del Fiscal.

Luego de ello, durante el transcurso de una de las audiencias, el Tribunal le prohibió a la hermana de Reina dar testimonio en su lengua materna, y tuvo que hacerlo con gran dificultad en castellano. Alegando el tribunal que “el juicio es en territorio argentino y el idioma es el castellano”; de esta manera se desconoció el derecho de los pueblos originarios a la autodeterminación lingüística. Fue así que se actuó con discriminación hacia otra cultura, violando la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de DDHH incorporados a ella y la Declaración Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU

La Dra. Margarita Jarque, Directora de Litigio Estratégico de la CPM, señaló “ésta es una sentencia que reprodujo la acusación del fiscal, sin fisura alguna”. A su vez, Sandra Raggio expresó que “el Tribunal no escuchó a Reina y el fallo nos resulta profundamente injusto”.  Estamos frente a un Tribunal que no consideró el sufrimiento, las vejaciones de una mujer indígenas y pobre, totalmente vulnerada en sus derechos.

Lo más grave de todo es la condena en sí misma: CADENA PERPETUA.

Es la misma que se le ha impuesto a los represores de la dictadura militar, Etchecolaz y Videla. De la misma manera nos llama la atención que a los policías acusados de haber cometido homicidios de gatillo fácil, muchos de ellos están en libertad, mientras que a Reina, sin habérsele comprobado fehacientemente el hecho que se le imputó, está condenada a cadena perpetua y en detención domiciliaria.

Esto es totalmente indigno, ultrajante y discriminatorio para la dignidad humana de una mujer indígena.

Adolfo Pérez Esquivel

Presidente del Servicio Paz y Justicia y la Comisión Provincial por la Memoria

Esperamos que el defensor oficial de Reina, Dr. José María Mastronardi, apele la sentencia.

Repudiamos los linchamientos

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Desde el Servicio Paz y Justicia hacemos un llamado a la conciencia en nuestra sociedad.

El país vive situaciones de intolerancia, inseguridad, violencia social y estructural en el país. Se ha generado una psicosis colectiva de miedo que alienta sectores que buscan hacer “justicia por mano propia”, frente a la ausencia de las fuerzas de seguridad, llegando al linchamiento y asesinato de presuntos delincuentes (incluso menores de edad), que agravan aún más los hechos de violencia social.

Toda sociedad tiene leyes que deben ser respetadas para la convivencia ciudadana. Estas leyes las debemos garantizar todos, en especial las fuerzas de seguridad y los representantes públicos, caso contrario se fomenta el caos y la búsqueda de venganza en vez de la búsqueda de justicia. Si alguien comete un delito no significa que deja de tener derechos, debe ser llevado ante autoridades judiciales para que se le aplique la ley penal, si se comprueba lo que se presume. Los ciudadanos tenemos derecho a nuestra seguridad, si alguien la viola el camino es la justicia, no la venganza que engendra nuevos victimarios.

Los linchamientos no son individuales, sino colectivos y tienen mucho que ver con conductas y presiones sociales que llevan a lo que denomino la suspensión de la conciencia, donde,  si los demás hacen lo mismo, la culpabilidad se diluye en lo colectivo y queda en el anonimato. Esa suspensión fue utilizada en otra época por las fuerzas armadas y de seguridad, para no asumir las atrocidades cometidas.

Los linchamientos retrotraen a épocas que considerábamos superadas de violencia, miedos y falta de credibilidad en las instituciones del Estado y genera la incertidumbre y descreimiento. No es cierto que los argentinos seamos una sociedad violenta. Es importante que de una vez por todas haya auditorías sobre los contenidos de los medios de comunicación para que no se les permita promover el pánico social y la venganza. Cuando un solo delito se repite durante 24hs. en todos los canales cientos de veces, ¿significa que creció el delito o que va a crecer el miedo?

Los medios están deseducando a nuestra sociedad. La educación debe ser la práctica de la libertad y valores, no sólo en los jóvenes, sino también en los adultos para generar comportamientos sociales de solidaridad y apoyo mutuo. La sociedad no es indiferente a los problemas que vive y hay que buscar caminos de convivencia sin recurrir a la violencia, que sólo genera más violencia y más miedo.

Toda persona tiene derecho a un juicio justo y rápido, tanto la víctima como el victimario, y nadie es dueño de la vida ajena.

Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz
Presidente del Servicio Paz y Justicia

“Hoy todo el que se opone es terrorista”

En el marco del 24 de marzo -Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia- Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, expresó la preocupación colectiva de la convocatoria respecto a la sanción de la Ley Antiterrorista.
“Esta ley fue generada para garantizar las inversiones de las empresas extranjeras por las imposiciones de los Estados Unidos y el GAFI a través del control y represión a movimientos sociales,  indígenas, campesinos,  trabajadores y estudiantiles. “
“Es importante relacionar esta ley con un día como el 24 de marzo de 1976 porque si bien no era un ley en ese entonces, ya de hecho se estaba aplicando: eran todos “subversivos” y con el pretexto de la subversión, metían a las personas presas, las torturaban y luego las desaparecían. Hoy no se habla de subversivo, pero todo el que se opone es terrorista.”
Se adjunta la convocatoria del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) a la marcha.

Carta en defensa del juez Baltasar Garzón

 

El Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, publica esta carta abierta al Tribunal Supremo de España, luego de la inhabilitación por 11 años a Garzón para ejercer como Magistrado.

En la carta, el presidente del Servicio de Paz y Justicia califica la decisión del tribunal como “un tsunami de  impunidad para impedir el derecho del pueblo a la Verdad y la Justicia”.

 

Y recuerda que “el juez Baltasar Garzón tuvo el coraje de investigar y luchar contra la impunidad; cuando se cerraron las puertas de la justicia, para juzgar a los genocidas de la dictadura militar en la Argentina. No deben olvidar señores jueces, que la justicia no tiene fronteras  cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, aún en España y recordar que  no toda ley es justa, las leyes injustas deben ser desobedecidas hasta su total nulidad”.

El juez Garzón fue absuelto hace dos días por otro juicio en el que dos entidades de ultraderecha lo acusaron por haber cometido  prevaricato (dictar sentencias injustas a sabiendas) su investigación de los desaparecidos durante la dictadura franquista. 

Se adjunta la carta.

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