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Hipocresía política y persecución judicial [Esp./Port.]

Se ha desatado en todo el continente la criminalización y persecución de los gobiernos y frentes políticos progresistas y populares. Se llama “lawfare” e implica usar el sistema judicial contra el enemigo en una especie de guerra judicial. No hay casualidades, esto es parte de la política de dominación para América Latina impulsada por los EE.UU. y sus agencias. Desde hace algunos años las embajadas norteamericanas de la región vienen trabajando muy cerca con actores de nuestros poderes judiciales a través de financiamiento, invitaciones a EE.UU. o a celebraciones en la residencia del embajador. Los resultados están a la vista: los que siempre viajan, reciben financiamiento y visitan la casa del embajador son los mismos que con simultaneidad inusitada están privando de derechos básicos a Lula Da Silva, a Cristina Kirchner y a Rafael Correa.

En la mayoría de los casos, estos mecanismos se apartan del Estado de derecho en nombre del Estado de derecho, al igual que cuando se declara la guerra en nombre la paz. Porque el objetivo principal no es la justicia, sino generar sospechas, desacreditar, judicializar y condenar antes del proceso de juzgamiento. Y al igual que en cualquier guerra, no se puede ganar sin la propaganda masiva de los grandes medios de comunicación, que ejecutan las campañas de desprestigio contra los ex mandatarios/as, que supieron desarrollar políticas de justicia social y soberanía nacional como hace mucho no sucedía en la Patria Grande.

Estos empleados judiciales locales de las embajadas de Estados Unidos, son actores/ directores mediáticos que dirigen escenas de allanamientos policiales y prepararan confesiones de arrepentidos (que luego se desdicen), que se ajustan a la medida de los intereses y tiempos políticos de los gobiernos neoliberales. El show que dirigen se llama “Bailando para meter preso al presidente/a”. Pero los directores pasan y los canales de televisión siempre quedan. Entonces, ponerle nombre a la guerra judicial en Brasil se llama Red Globo, en Argentina Grupo Clarín, y en Ecuador Diario El Universo.

Este proceso no empezó con la guerra judicial sino con los “golpes blandos” parlamentarios en Honduras (2009), Paraguay (2012) y Brasil (2016), donde bloques legislativos también se apartaron del Estado de derecho, cancelaron la presunción de inocencia de los mandatarios, y los desplazaron para imponer una agenda de gobierno radicalmente opuesta a lo que habían votado los pueblos.

Los objetivos finales de esta guerra son consolidar democracias restringidas donde el pueblo sólo pueda optar por alternativas neoliberales de ajuste, privatización, endeudamiento y sometimiento de la propia política exterior a la de los Estados Unidos, como ocurre con Temer, Macri y Lenin Moreno. En síntesis, es la transferencia de recursos del pueblo a los ricos, y la pérdida de soberanía nacional para la recolonización continental de nuestros recursos naturales.

Esta pésima película cargada de hipocresía y odio, la acabo de revivir cuando viajé para visitar a Lula en la prisión. Lo acusan injustamente de un delito que no cometió y no le quieren permitir ser candidato presidencial porque le tienen miedo. Miedo porque saben que puede ganar las elecciones y volver a luchar por mayor justicia redistributiva y mayor soberanía nacional. Por eso no tiene derecho a recibir entrevistas de medios de comunicación, mientras que muchos presos por motivos de sangre aparecen en la televisión todo el tiempo. Lula es un preso político y hasta la ONU lo tuvo que expresar hace unos días con mucha claridad al Estado de Brasil.

La falta de responsabilidad ético-jurídica y social nos espanta y nos recuerda los peores momentos vividos en el país y la región. La degradación a que son sometidas las instituciones del Estado y el pueblo, viola los derechos humanos y pone en riesgo las democracias que tanto costó construir.

La corrupción hay que combatirla con el Estado de Derecho, con altura y sin dañar a las personas. Nadie es culpable hasta que el acusador demuestre lo contrario, toda persona tiene derecho a un juicio justo y a no caer en manos de un juez que ha demostrado falta de equidad y equilibrio para impartir justicia. Quienes respetamos la democracia esperamos que el Poder Judicial argentino respete estos principios para investigar las cuentas offshore del Presidente y varios Ministros, la causa del Correo Argentino, el dinero no declarado que no se puede justificar, los aportes de campaña ilegales y tantas otras.

Nos duele profundamente como pueblo llegar a esta degradación de valores y de equidad, necesitamos fortalecer el derecho de vivir en democracia para todos y todas, y resistir en la esperanza de que otro país y otra Patria Grande son posibles.

Publicado originalmente en el diario Página/12: https://www.pagina12.com.ar/137519-hipocresia-politica-y-persecucion-judicial

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Hipocrisia política e perseguição judicial

Desatou-se em todo o continente um processo de criminalização e perseguição dos governos e frentes políticas progressistas e populares. O nome técnico utilizado para essa estratégia é lawfare, o uso do sistema judicial contra o inimigo, numa espécie de guerra judicial. Não há casualidades, isso é parte da política de dominação para a América Latina impulsada pelos Estados Unidos e suas agências. Há alguns anos, as embaixadas norte-americanas da região Leer el resto de esta entrada »

ANTE EL DESACATO Y EL TERRORISMO ECONÓMICO, SUSPENDER LOS PAGOS Y AUDITAR LA DEUDA PÚBLICA

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(Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014) El Juez Griesa declaró a la Argentina en desacato por no cancelar la sentencia de pago de una deuda espuria. La justicia de EE.UU. lo hizo a solicitud de los fondos buitre. Por su parte, la Presidente de Argentina los denunció ante la Asamblea de la ONU como terroristas económicos.

En rigor, este capitalismo de época es producto del Terrorismo de Estado que ensayó las políticas neoliberales en el Cono Sur de América en los años setenta, y que se sostiene mundialmente en base al endeudamiento, al saqueo de los bienes comunes naturales sobre todo del Sur, y la militarización de la sociedad mundial.

Ahora, el terrorismo se extendió a los poderes hegemónicos del orden capitalista para afianzar una lógica especulativa de valorización de los capitales.

Son todos buitres, cómplices de un régimen que exacerba la rentabilidad de sus inversiones a costa de la explotación de la fuerza de trabajo y los bienes comunes.

El endeudamiento financiero es un instrumento predilecto de este régimen, sean los prestamistas un fondo reconocido como buitre, un tenedor de bonos“reestructurados” en 2005 o 2010, alguno de los grandes bancos que manejan el sistema financiero o el mismo Banco Mundial.

Es por todo esto que sustentamos la necesidad de SUSPENDER los PAGOS de la DEUDA PÚBLICA e INVESTIGAR su LEGITIMIDAD y LICITUD para no seguir pagando lo que no debemos. Asimismo, exigimos la caducidad de todos los acuerdos y contratos secretos con estados, organismos extranjeros y empresas transnacionales que incluyen prórroga de jurisdicción, tanto en cuestiones financieras, como de extracción de bienes comunes naturales.

Vale consignar las promesas de pago incluidas en el Presupuesto 2015 enviado al Congreso, partidas que deben ser canceladas y reorientadas hacia políticas de repoblamiento territorial, matriz energética renovable y descentralizada, agricultura familiar y campesina, salud y educación de calidad, vivienda y hábitat dignos para todos. Es la base para exigir terminar con el consenso mayoritario por el pago de la deuda.

Desde nuestra Asamblea le decimos No al “coro de pagadores seriales” que conforman, desde el oficialismo y la oposición partidaria y mediática, el Partido Único de la Deuda (PUD).

Argentina tiene un enorme potencial de alternativas soberanas para confrontar estos modelos de sometimiento, y por eso convocamos a conformar un gran movimiento popular para exigir la satisfacción de nuestros derechos, pues ya pagamos tanto que nos consideramos los acreedores del sistema financiero mundial.

ASAMBLEA POR LA SUSPENSIÓN DE PAGOS E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA Y POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL Y LOS BIENES COMUNES

Debe investigarse qué papel tuvo en la dictadura el nuevo Jefe del Ejército, Cesar Milani

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El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, expresó su preocupación por la designación del General César Milani como nuevo jefe del Ejército Nacional por parte de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Resulta alarmante que este general  se encuentre acusado de ser partícipe en la represión del Operativo Independencia iniciado en 1975, de ser parte del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército durante la dictadura militar, y de haber actuado a favor de los ‘carapintadas’ durante su alzamiento”.

El Presidente del Servicio Paz y Justicia también agregó como motivo de preocupación la especialización en inteligencia que tiene este general debido a que “se enmarca en una política de gobierno iniciada con la sanción de la Ley antiterrorista, que permite acusar de terrorismo a movimientos sociales, y en el llamado Proyecto x’, que ha estado espiando el accionar de organizaciones sociales en forma ilegal”.

Frente a esto, Pérez Esquivel reclamó que se investigue en profundidad el papel de Milani antes, durante y después de la última dictadura: “Si la presidenta ve la necesidad, como ha manifestado, de ‘cerrar la brecha entre las Fuerzas Armadas y la sociedad’ la cúpula de esa institución, ante todo, debe tener legajos impecables que certifiquen compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos.

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