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LA CPM PRESENTÓ EL INFORME SOBRE LUGARES DE ENCIERRO Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y NIÑEZ

Graves violaciones a los derechos humanos: las consecuencias de las políticas de mano dura

Record de detenidos, sobrepoblación, torturas y muertes. La violencia del Estado como estrategia de control de los territorios y las poblaciones más pobres. Los datos cuantitativos y cualitativos presentados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su labor de control y monitoreo de los lugares de encierro y políticas de seguridad y niñez, constatan una vez más las graves violaciones a los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires y el fracaso de un punitivismo ineficaz para solucionar los problemas de seguridad. “Los pueblos no necesitan más represión, necesitan derechos para vivir con dignidad. La seguridad es educación, salud y trabajo”, señaló el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel. Una multitud acompañó la presentación en el Anexo del Senado de Buenos Aires.

Más de 900 referentes de organizaciones sindicales, sociales y políticas, organismos de derechos humanos, funcionarios gubernamentales y judiciales, familiares víctimas de violencia institucional, miembros de mecanismos de prevención de la tortura de América Latina, docentes y público en general estuvieron en la presentación del Informe Anual 2018. El sistema de la crueldad XII. Entre ellos, estuvieron, el procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand, representantes de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, Gustavo Palmieri y Francisco Mugnolo del Mecanismo nacional de prevención de la tortura y el juez Luis Arias.

Como sucede cada año, la presentación del informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) es un acto político que revalida el compromiso institucional de denunciar las violaciones a los derechos humanos e interpelar a los poderes del Estado para la discusión de políticas públicas en materia de seguridad, niñez, salud mental y justicia que sean respetuosas de los derechos y garantías constitucionales.

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Santiago Maldonado: la Fiscalía pidió el cambio de carátula a desaparición forzada

En base a las pruebas que constan en la investigación judicial, la Fiscalía Federal de Esquel solicitó que se cambie la carátula de la causa Santiago Maldonado a desaparición forzada. La decisión del Ministerio Público Fiscal reconoce que la principal hipótesis de la investigación apunta a la responsabilidad de la Gendarmería en la desaparición de Santiago tras la represión del 1 de agosto a la lof de Cushamen. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sostuvo desde el primer momento que se trataba de una desaparición forzada, así lo hizo en el habeas corpus presentado a las pocas horas de conocer el hecho. En este sentido, vuelve a exigir que se tomen las medidas necesarias para avanzar en esa línea de investigación.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) destaca la decisión de la Fiscalía Federal de Esquel de solicitar la recaratulación del expediente judicial por el delito de desaparición forzada de Santiago Maldonado. Este pedido venía siendo requerido por la CPM, como querellante en la causa, y por la familia de Santiago. El cambio en la calificación legal reconoce, al mismo tiempo, la única hipótesis que viene conduciendo toda la investigación judicial: la Gendarmería es responsable de la desaparición de Santiago Maldonado.

El comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal confirma que “se continúa investigando la  desaparición forzada de Santiago Andrés Maldonado ocurrida el 1º de agosto”. Y agrega: “La gravedad del caso relativo a la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por  una fuerza federal” obliga a tomar las medidas necesarias para determinar la responsabilidad de las personas que pudieran ser responsables de su desaparición.

Santiago Maldonado fue desaparecido tras la brutal represión de Gendarmería en la Lof de Cushamen; los testigos afirman que Santiago fue golpeado por gendarmes y trasladado en una camioneta de esa fuerza federal. Desde el primer momento, la CPM denunció la responsabilidad de la Gendarmería en el hecho y, a las pocas horas, presentó un habeas corpus por desaparición forzada.

Ese mismo habeas —y otros que se fueron agregando— dio origen a la investigación judicial que, bajo el expediente N 8232/2017, se había iniciado con la carátula de “averiguación de delito”. La resolución de la fiscal Silvina Ávila reconoce que, las pruebas que constan en el expediente, apuntan hacia la desaparición forzada como única hipótesis.

Ahora, con el cambio en la calificación legal, se hace aún más urgente e imprescindible concentrar y maximizar los recursos judiciales para avanzar en esa línea de investigación. En este contexto,  la fiscalía también comunicó que ya ordenó “medidas de georreferencia tendientes a ubicar a la víctima y a cada uno de los vehículos que pertenece a la fuerza [Gendarmería]”.

En esa misma línea, la CPM vuelve a reclamar que se avance en la identificación, secuestro, y peritaje de las armas que fueron utilizadas en la represión del 1º de agosto, en las pericias sobre la totalidad de los sistemas de comunicación de Gendarmería y que se investiguen las cámaras de seguridad y videos filmaciones de la zona.

Con la resolución de la fiscalía, y teniendo en cuenta las pruebas del expediente judicial y el pedido de las querellas, la CPM espera que el Juez Federal Guido Otranto decida finalmente el cambio de carátula.

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Conferencia de prensa de la CPM y familiares del joven desaparecido Santiago Maldonado

TESTIMONIOS CONFIRMAN QUE FUE LLEVADO POR GENDARMERÍA

Aparición con vida de Santiago Maldonado fue el reclamo unánime y desesperado durante la conferencia de prensa realizada hace minutos, que fue convocada de manera urgente por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y familiares y amigos del joven desaparecido, y que acompañaron organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.
Santiago fue visto por última vez el martes pasado durante la represión de Gendarmería en la lof de Cushamen, en Esquel. Cada vez más testigos confirman que el joven fue cercado por agentes de Gendarmería, golpeado y trasladado en una camioneta. La CPM presentó un habeas corpus por desaparición forzada antes el juzgado federal de Esquel y hoy envió una carta al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“La desaparición de Santiago es responsabilidad de los gobiernos nacional y provincial, quienes tienen que responder de manera urgente sobre su desaparición y garantizar su aparición con vida”, señaló el presidente de la CPM, Víctor Mendibil. Y agregó: “Hay fuertes indicios de que Santiago fue cercado por agentes de Gendarmería y trasladado en una camioneta; desde entonces no sabemos nada más de él”.
Santiago Maldonado está desaparecido desde hace tres días, tras la brutal represión de Gendarmería en la lof de Cushamen en Chubut. Las fuerzas federales ingresaron ilegalmente al predio recuperado por la comunidad mapuche disparando balas de goma y destruyendo todo a su paso. Cuando intentaba escapar de la represión, Santiago fue alcanzado por un grupo de gendarmes que primero lo redujo en el suelo y después lo subió a una camioneta blanca.
“A mi hermano lo llevó Gendarmería y ahora dicen que no lo tienen detenido en ningún lado. Nosotros creemos que la situación es muy clara: a Santiago lo torturaron y lo descartaron o lo tienen encerrado y están esperando que las marcas de la violencia se pierdan para largarlo”, señaló Germán Maldonado. “Queremos que aparezca con vida y tenemos el derecho a saber la verdad. Necesitamos que hoy mismo el Estado nos dé una respuesta”, resumió.
Junto a los familiares y amigos de Santiago, también acompañaron integrantes de la CPM -Roberto Cipriano García, Ernesto Alonso, Susana Méndez y Sandra Raggio, directora general- y representantes del CELS, la APDH y la Liga por los derechos del hombre. También acompañaron Rosa Bru y Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga. La conferencia de prensa se realizó en la sede de la Federación Judicial y Hugo Blasco, su secretario general, acompañó la iniciativa.
Tanto la familia de Santiago como los organismos de derechos humanos destacaron que su desaparición se da en el marco de la creciente criminalización, persecución y represión de la comunidad mapuche. Lejos de los discursos que lo señalan como un activista o terrorista, Santiago era un viajero que había llegado el lunes a Chubut y se había solidarizado con la lucha de la lof de Cushamen, que viene reclamando por sus derechos ancestrales. Hacía sólo 24 horas que estaba en Esquel.
Por el habeas presentado por la CPM esta mañana se realizó una audiencia en el juzgado federal de Esquel, a cargo del Dr. Otranto, con presencia de representantes de Gendarmería que manifestaron no tener conocimiento del paradero del joven ni de su detención. Dada la gravedad de la situación y frente al preocupante silencio oficial, la CPM envió una carta abierta al presidente de la Nación, Mauricio Macri, reclamando la intervención del Estado y la aparición con vida de Santiago Maldonado, el cese de la criminalización, persecución y represión del pueblo mapuche, y el reconocimiento de sus derechos ancestrales.
En esa misma nota, la CPM denuncia además las recientes declaraciones públicas de Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde justifica el accionar violento y represivo de la Gendarmería contra la comunidad mapuche y acusa de terrorismo, entre otros, al presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel.

Los rostros de los soldados de Malvinas

La Argentina fue arrastrada a la guerra de las islas Malvinas por la última dictadura militar y es necesario reflexionar serenamente sobre su intencionalidad.
La dictadura se enfrentó con crecientes protestas sociales y serias dificultades cuando la represión ya no era suficiente para contenerlas. En su estrategia para consolidar el poder interno buscó una posible guerra con Chile, país bajo la dictadura del general Pinochet. Intento que fue frenado por el papa Juan Pablo II y la intervención del cardenal Samoré, evitando una guerra entre pueblos hermanos.
La dictadura estaba en dificultades por la fuerte campaña internacional que denunciaba las graves violaciones de los derechos humanos, las torturas y la desaparición de personas. La resistencia interna del pueblo estaba creciendo y se lanzó la marcha del 30 de marzo de 1982, que fue reprimida violentamente, provocando cientos de heridos y presos en las cárceles y comisarías de la dictadura militar
El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas argentinas toman las islas Malvinas provocando la guerra con Gran Bretaña, que contaba con el apoyo de la OTAN y Chile. Utilizaron un reclamo legítimo del pueblo argentino sobre la soberanía de las islas pero no pensaban en la liberación del colonialismo británico. Manipularon ese sentimiento y clamor, que nace de las raíces de la patria, para fortalecer el frente político interno. Las consecuencias de la derrota de las fuerzas armadas argentinas son conocidas y no es mi intención en esta nota referirme a esa situación.
Las fuerzas militares que decían defender la patria terminaron estaqueando, enterrando hasta el cuello a los soldados, y obligando a sumergirse en aguas heladas a los que salían a buscar alimentos o carneaban una oveja para comer. Violaron los derechos básicos de los soldados, crímenes que deben ser investigados por la Justicia, que desde hace diez años,, tiene bloqueada la causa en Río Grande, Tierra del Fuego, sin que nadie haya sido citado a indagatoria.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria fuimos a denunciar la actual militarización británica del Atlántico sur, y a rendir homenaje y orar por los soldados argentinos muertos en la guerra, que están sepultados en el cementerio de Darwin. También presentamos respeto y oramos en el cementerio de San Carlos, donde se encuentran los soldados británicos muertos en la guerra. Al igual que en 1982, cuando hice una campaña internacional contra la guerra y para salvar vidas junto a la premio Nobel de la Paz irlandesa Mairead Maguire, fuimos a decir “no a la guerra, no en nuestro nombre”.
Fuimos a apoyar el convenio entre el gobierno argentino y el británico con la Cruz Roja Internacional para identificar a los 123 soldados argentinos cuyas tumbas no han sido identificadas y llevan grabado en mármol negro: “Soldado argentino, sólo conocido por Dios”. Es un derecho de los familiares saber dónde están sus hijos para honrarlos y hacer el duelo. Por eso dos tercios de las familias dieron su consentimiento dando su ADN para que se pueda identificar a su ser querido.
Los héroes de las Malvinas no son desconocidos, que sólo Dios conoce. Lamentablemente hay grupos, incluso de familiares, que se niegan a que se identifique a los soldados muertos en la guerra de Malvinas. Pretenden justificar lo injustificable, decir que la guerra no fue desatada por la dictadura que oprimía al pueblo, que provocó miles de muertos, desaparecidos, niños secuestrados y desaparecidos. Por lo que el pueblo, aún hoy, sigue buscando verdad, justicia y reparación por el daño hecho.
Honremos a nuestros jóvenes que dieron sus vidas en defensa del derecho del pueblo argentino a la soberanía sobre las islas arrebatadas por los británicos, y que lo hicieron aun a costa del sufrimiento que la dictadura militar les infligía, por no estar preparada para un conflicto como el que ella misma inició, sino para reprimir a su propio pueblo.

*Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria.

Publicado en la edición impresa del Diario Perfil. Disponible en línea en: http://www.perfil.com/columnistas/los-rostros-de-los-soldados-de-malvinas.phtml

LESA HUMANIDAD: CPM QUERELLANTE EN LA CAUSA DIPPBA. LA INTELIGENCIA FUE TERRORISMO DE ESTADO.


El terrorismo de Estado no habría sido posible sin los servicios de inteligencia que persiguieron, espiaron, ficharon y localizaron los “blancos a eliminar”. Las leyes, decretos y documentos de la ex DIPPBA permiten entender cómo actuaron durante la dictadura cívico militar.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó la presentación pública de la querella en la causa que investiga las acciones de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) en la planificación y ejecución del terrorismo de Estado.
Estuvieron presentes en el acto fiscal por delitos de lesa humanidad de La Plata, Hernán Schapiro, el vicepresidente de la CPM, Víctor Mendibil, y perseguidos por la DIPPBA.
La intervención judicial se desprende del fallo emitido en la causa conocida como “circuito Camps”, en el que se recomendó “investigar la presunta responsabilidad de los integrantes de la DIPPBA”. A raíz del dictamen, y por pedido del Juzgado Federal N°1 de La Plata, la CPM presentó un informe técnico de más de 60 páginas que expone las leyes orgánicas y los decretos que reglamentan el funcionamiento interno y dan cuenta de la jerarquización durante la dictadura y de la condición secreta de los servicios de inteligencia.
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La CPM pide la desclasificación de los archivos de inteligencia. Quince años de gestión del archivo de la DIPPBA

El debate actual, suscitado por la muerte del fiscal federal Dr. Alberto Nisman, descubrió a los ojos de la sociedad la trama oculta del funcionamiento siniestro de los servicios de inteligencia, aún no desmantelados.

En el imprescindible desafío de la reforma estructural de todo el sistema de inteligencia nacional y de las provincias, la desclasificación de sus archivos es una de las tareas a emprender para profundizar el proceso de democratización del estado.

Múltiples preguntas emergen en estos días. ¿Para qué sirven las agencias de inteligencia? ¿Cómo y para qué el Estado ha espiado a sus ciudadanos en los diferentes tiempos históricos? ¿Qué han hecho las centrales de inteligencia con la información que producen y recolectan? ¿Hasta dónde penetran en el tejido social las diversas acciones de espionaje? ¿Qué rupturas y continuidades es posible advertir si se comparan los tiempos de dictadura y los tiempos de democracia? ¿Cómo han cooperado entre sí las diferentes agencias de inteligencia que operan en los múltiples territorios y escalas? ¿Quién espía, a quiénes se espía, por qué y para qué?

En torno a estas y otras preguntas, la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires viene trabajando desde el año 2000, cuando asumió el desafío de custodiar y gestionar el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia (DIPPBA). La ley 12642, votada por unanimidad en la Legislatura provincial ordenó la desclasificación de este Archivo y entregó a la CPM su custodia. A lo largo de estos 15 años, la delicada y valiosa tarea de análisis y apertura al público de este acervo documental de más de 4 millones de fojas permitió acumular una vasta experiencia de trabajo que habilita múltiples reflexiones en torno a las prácticas de inteligencia que han tenido y tienen lugar en la Argentina.

Un riguroso análisis de las tareas de espionaje realizadas durante más de 40 años[1] por la DIPPBA, los documentos públicos recolectados por sus agentes, los informes y legajos elaborados y clasificados minuciosamente, la realización sistemática de grabaciones audiovisuales y su prolífica producción de material de doctrina permiten dar respuesta a algunas preguntas necesarias para comprender qué lugar ha ocupado y ocupa en la gestión del Estado la maquinaria sigilosa y solapada de las agencias de inteligencia.

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Se presenta el Informe 2013 del Comité Contra la Tortura de la CPM – 2 de diciembre 16hs.‏

Es el resultado del último año de trabajo en el monitoreo de cárceles, comisarías, institutos y otros lugares de detención. Será el próximo lunes 2 de diciembre a las 16hs. en el Colegio de Abogados de la Plata Calle 13 Nº 821.

Esperamos contar con todos uds!

CPM

Carta abierta de la CPM al gobernador Scioli por recorte presupuestario

La Plata, 17 de octubre de 2012.

La Comisión Provincial por la Memoria expresa públicamente su preocupación ante la falta de respuesta del Ejecutivo provincial frente a las demandas de que cumpla con el envío de las partidas presupuestarias acordadas con el Ministerio de Economía para el ejercicio 2012.

El Ejecutivo provincial ajustó a la CPM en un 34% respecto de lo acordado.

Desde hace meses la CPM ha venido gestionando las partidas para la ejecución de su plan de trabajo para el presente año, diseñado de acuerdo a los fondos convenidos con las autoridades pertinentes del Ejecutivo hacia fines del 2011. Sin embargo, a pesar incluso del compromiso que comunicó el propio gobernador a miembros de la CPM en la reunión del 8 de agosto del presente año, no ha habido ninguna respuesta concreta al reclamo.

Esto debilita gravemente la continuidad de los programas de trabajo de nuestra institución.

Las acciones de monitoreo a los 60 establecimientos penitenciarios, comisarías e institutos de menores se han visto afectadas no pudiendo realizarse todas las visitas que durante el año 2011 llegaron a 120. De ser así,  imposibilitaría no sólo un preciso diagnóstico de la situación carcelaria sino la protección de los derechos de los detenidos, y por lo tanto generaría mayores espacios de impunidad.

El programa Jóvenes y memoria trabaja este año con  700 escuelas de la provincia, y articula acciones con 8 provincias del país, convocando a más de 10.000 jóvenes a trabajar por la memoria y la defensa de los derechos humanos. La falta de recursos dificulta las tareas,  y pone en juego la realización del Encuentro de Jóvenes por la memoria a realizarse en el mes de noviembre en el complejo de Chapadmalal. Se lesionan así las expectativas de alumnos, docentes y padres de distintos lugares de nuestra provincia que quieren ver concretado el trabajo de todo el año.

Las tareas de investigación en el Archivo de la DIPPBA para producir pruebas por los delitos de lesa humanidad son cada vez mayores. Los documentos son de extrema importancia ya que permiten dar cuenta de hechos y responsabilidades en la represión, claves en la investigación. Paralizar la acción implica una dura demora en los juicios, lo cual contraría el amplio consenso político y social que tiene esta política de Estado.

Las partidas adeudadas a la CPM son exiguas ante la dimensión del presupuesto provincial. Entonces ¿qué lugar ocupan en las prioridades del gobernador las políticas de DDHH y memoria? El ajuste a la CPM puede entenderse como una política de cercenamiento de su capacidad de acción en defensa de los derechos humanos y promoción de la memoria.

La CPM mantendrá con firmeza su pluralidad y su autonomía e independencia de los gobiernos; nada ni nadie nos doblegará en nuestra posición. Ha sido así desde su creación en el año 1999. En estos 12 años hemos demostrado  seriedad y profesionalidad en el trabajo, así como también la clara directriz ética que guía cada uno de nuestros actos. La CPM está presente en todo el territorio provincial, denunciando las violaciones a los derechos humanos, acompañando a las víctimas, aportando pruebas en cada uno de los juicios, reconstruyendo las historias locales, convocando a miles de jóvenes a la participación y al compromiso con el otro, poniendo al arte como interpelador de la sociedad.

Esperamos que el Sr. Gobernador cumpla con su palabra para no cercenar nuestra acción, lo cual implicaría un retroceso en las políticas de los derechos humanos y la búsqueda de verdad, justicia y memoria.

Adolfo Pérez Esquivel (presidente) / Hugo Cañón (presidente) / Laura Conte (vicepresidenta) /  Aldo Etchegoyen (vicepresidente) /  Alejandro Mosquera (secretario ejecutivo) / Víctor Mendibil (secretario) / Mauricio Tenembaum (prosecretario) / Elisa Carca (tesorera) / Elizabeth Rivas / Susana Méndez / Daniel Goldman /  Roberto Tito Cossa / Emilce Moler / Mempo Giardinelli / Fortunato Mallimaci / Verónica Piccone / Carlos Sánchez Viamonte / Luis Lima / Víctor de Gennaro / Martha Pelloni

Contacto prensa: Violeta Burkart Noe 011 156-520-5490

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La CPM presentó sel Informe anual 2012 sobre la situación actual de las cárceles bonaerenses

14 de agosto de 2012

LA CPM PRESENTÓ EL INFORME 2012 SOBRE LA VIOLACIÓN A LOS DDHH EN INSTITUCIONES DE ENCIERRO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Con un auditorio lleno, se presentó el Informe anual “El sistema de la crueldad” de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata y se le entregó un ejemplar al Vicegobernador y presidente de la Cámara de Senadores de la provincia, Lic. Gabriel Mariotto y a los presidentes de bloques de la legislatura bonaerense FAP, UCR; EDE, FPV.

Estuvieron presentes junto a todos los integrantes de la CPM, los organismos de DDHH, legisladores provinciales y nacionales, el secretario de DDHH de la provincia Guido Carlotto; Florencia Piermarini, directora del Servicio Penitenciario Bonaerense; Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario Nacional y gran cantidad de funcionarios judiciales, municipales, universitarios y gremiales.

La CPM hizo especial hincapié en que no puede tolerarse la tortura en una democracia madura como ésta, pidió la pronta aprobación del proyecto de Policía Judicial y tomó el caso de Luciano Arruga como paradigma de la arbitrariedad policial y la inacción judicial.

Adolfo Pérez Esquivel, co presidente de la CPM abrió el acto donde destacó: “Me preocupa el día después de la presentación del informe. No es una presentación más de un libro: es algo que hace a toda la sociedad, a la conciencia colectiva y a la responsabilidad de las autoridades de la Provincia, de la Nación. Porque los derechos humanos y la democracia son valores indivisibles: si se violan los derechos humanos las democracias se debilitan. Hay algunos ejes que perviven y nos preocupan y son las torturas, la situación de los niños, de los menores. Cuando nos encontramos con legisladores que lo único que piensan es en bajar la edad de imputabilidad, pienso: ¿alguno de esos legisladores le pregunta a un chico hambreado y marginado cuál es su seguridad?

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La Policía Judicial ya es un proyecto de ley

Propuesta de diálogo con el gobierno y los partidos políticos

Se presentó el proyecto de ley para la creación de la Policía Judicial preparado por el equipo de expertos de la Comisión Provincial por la Memoria. La CPM ya acercó una copia del proyecto al gobierno de la Provincia para iniciar una mesa de diálogo sobre el tema; además, invitará a las diferentes fuerzas políticas de la Provincia para discutir el proyecto y llevarlo a Congreso. La iniciativa ya contó con el apoyo de Martín Sabbatella, Margarita Stolbitzer, Elisa Carca, Graciela Iturraspe y Victoria Donda, entre otros diputados nacionales. Expusieron Adolfo Pérez Esquivel, Alejandro Mosquera y Víctor Mendibil.

Dijo Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la CPM: “Presentamos un proyecto integral confeccionando por nuestros equipos y especialistas para que el debate se de sobre una propuesta concreta y no quede en discusiones infértiles. Esta propuesta intenta mejorar la seguridad y la justicia para todos los habitantes, pero también terminar con los nichos de corrupción y connivencia con el delito de la misma policía que debe investigarlos. “Queremos terminar con el armado de causas, ineficacia en la investigación, las complicidades que tienen agentes de la bonaerense con grupos delictivos. Todo esto hace que se frustre la investigación y los delitos queden impunes”. “Es una reforma democrática pendiente, hoy puede confluir una propuesta seria como la que presentamos, el apoyo de las fuerzas políticas de un amplio espectro, y el reclamo social de mejor justicia para hacer posible un cambio a favor de una sociedad más justa con menos impunidad”.

Victor Mendibil, miembro de la CPM y secretario general de la Federación Judicial Argentina, describió el largo recorrido que tiene esta propuesta desde el año 1969 y los diferentes obstáculos con los que se encontró en distintos momentos de la historia. “En 1994, cuando fue la Asamblea Constituyente, los trabajadores judiciales nos movilizamos para apoyar la creación de la Policía Judicial. Y había varios constituyentes de acuerdo. Pero a último momento, hubo llamadas de Pedro Klodczyk al Bloque del Modín, al Bloque Justicialista para frenar la iniciativa. Sabemos que existe una complicidad consecuente de distintos poderes políticos de turno para que esto no se no modifique. Esto es para saber de dónde venimos, hay toda una referencia desde los trabajadores judiciales, los magistrados, los abogados y desde la sociedad para cambiar esta relación de complicidad que hay entre el poder político, los jueces y la policía desde hace muchos años. Creo que con este marco de participación, con esta presencia de dirigentes políticos, de especialistas, de jueces y magistrados, esta batalla esta vez la vamos a ganar\”.

Adolfo Perez Esquivel, co presidente de la CPM y Premio Nobel de la Paz, explicó que la propuesta es que la Policía Judicial sea un brazo más para contribuir en la búsqueda de justicia. “Hubo muchas iniciativas anteriores que quedaron en el camino por presiones políticas o por desinterés. No podemos meter en la bolsa a todos los policías. Hay gente que no es corrupta, pero otra que sí, que está comprometida en graves violaciones a los derechos humanos. De día trabajan de policías y de noche de ladrones, tienen doble empleo. La desaparición de Luciano Arruga es un ejemplo de cómo la policía se cubre. Hace dos años está caratulado como \’averiguación de paradero\’. La policía debe ser una fuerza de prevención y seguridad social; se fue alterando con el tiempo y se transformó en una fuerza de represión. Si logramos concretar este proyecto va a ser un gran aporte a la sociedad”.

El proyecto

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