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Derechos humanos y unidad en la lucha

En los últimos meses y en particular a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, en el contexto de una acción represiva del estado nacional contra la comunidad mapuche de Cushamen, se ha desatado una campaña contraria a los pueblos originarios y en particular al reclamo por el reconocimiento de sus tierras.
Aquellos que se rasgaban las vestiduras, criticando “el periodismo militante” hoy “militan” descaradamente a favor de los terratenientes nacionales y extranjeros, deslegitimando los derechos de los pueblos originarios que están consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados internacionales de los cuales nuestro país es firmante.
La campaña mediática sostenida por ministros del gobierno nacional, ha pretendido instalar la idea de un “enemigo interno”, las comunidades mapuches, contra las cuales se ha desatado una implacable campaña mediática y represiva, ejercida por fuerzas de seguridad y por grupos operativos informales que por la impunidad con que actúan no están ajenos a los servicios de inteligencia.
En esa lucha por el reconocimiento y acceso real a las tierras de los pueblos originarios, venimos apoyando la renovación de la prórroga de la ley 26.160 que permite realizar el relevamiento de las territorial donde viven las comunidades, paso previo para poder acceder a su efectivo reconocimiento y titularización. La normativa ha tenido varias postergaciones, pese a lo cual no se ha finalizado el relevamiento completo, de ahí la urgencia para que se prorrogue nuevamente.
Mientras se realiza el relevamiento territorial, la ley 26.160 establece que no pueden ejecutarse desalojos de comunidades. Sin embargo, se han producido desalojos que no han podido evitarse por las complicidades de los gobiernos provinciales, con terratenientes y empresas del “agronegocio” y por la falta de compromiso de los poderes judiciales provinciales. La normativa permite poner un freno a los desalojos que se intensificarian si no se aprueba su prórroga.
Esta ley cuenta ya con media sanción parlamentaria del Senado y debe tratarse en Diputados. Esperamos que prime en los legisladores el reconocimiento de los derechos de los pueblos ancestrales, por sobre los grandes intereses transnacionales y nacionales que se han apropiado de grandes extensiones de tierras que corresponden a comunidades originarias.

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Santiago Maldonado: la Fiscalía pidió el cambio de carátula a desaparición forzada

En base a las pruebas que constan en la investigación judicial, la Fiscalía Federal de Esquel solicitó que se cambie la carátula de la causa Santiago Maldonado a desaparición forzada. La decisión del Ministerio Público Fiscal reconoce que la principal hipótesis de la investigación apunta a la responsabilidad de la Gendarmería en la desaparición de Santiago tras la represión del 1 de agosto a la lof de Cushamen. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sostuvo desde el primer momento que se trataba de una desaparición forzada, así lo hizo en el habeas corpus presentado a las pocas horas de conocer el hecho. En este sentido, vuelve a exigir que se tomen las medidas necesarias para avanzar en esa línea de investigación.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) destaca la decisión de la Fiscalía Federal de Esquel de solicitar la recaratulación del expediente judicial por el delito de desaparición forzada de Santiago Maldonado. Este pedido venía siendo requerido por la CPM, como querellante en la causa, y por la familia de Santiago. El cambio en la calificación legal reconoce, al mismo tiempo, la única hipótesis que viene conduciendo toda la investigación judicial: la Gendarmería es responsable de la desaparición de Santiago Maldonado.

El comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal confirma que “se continúa investigando la  desaparición forzada de Santiago Andrés Maldonado ocurrida el 1º de agosto”. Y agrega: “La gravedad del caso relativo a la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por  una fuerza federal” obliga a tomar las medidas necesarias para determinar la responsabilidad de las personas que pudieran ser responsables de su desaparición.

Santiago Maldonado fue desaparecido tras la brutal represión de Gendarmería en la Lof de Cushamen; los testigos afirman que Santiago fue golpeado por gendarmes y trasladado en una camioneta de esa fuerza federal. Desde el primer momento, la CPM denunció la responsabilidad de la Gendarmería en el hecho y, a las pocas horas, presentó un habeas corpus por desaparición forzada.

Ese mismo habeas —y otros que se fueron agregando— dio origen a la investigación judicial que, bajo el expediente N 8232/2017, se había iniciado con la carátula de “averiguación de delito”. La resolución de la fiscal Silvina Ávila reconoce que, las pruebas que constan en el expediente, apuntan hacia la desaparición forzada como única hipótesis.

Ahora, con el cambio en la calificación legal, se hace aún más urgente e imprescindible concentrar y maximizar los recursos judiciales para avanzar en esa línea de investigación. En este contexto,  la fiscalía también comunicó que ya ordenó “medidas de georreferencia tendientes a ubicar a la víctima y a cada uno de los vehículos que pertenece a la fuerza [Gendarmería]”.

En esa misma línea, la CPM vuelve a reclamar que se avance en la identificación, secuestro, y peritaje de las armas que fueron utilizadas en la represión del 1º de agosto, en las pericias sobre la totalidad de los sistemas de comunicación de Gendarmería y que se investiguen las cámaras de seguridad y videos filmaciones de la zona.

Con la resolución de la fiscalía, y teniendo en cuenta las pruebas del expediente judicial y el pedido de las querellas, la CPM espera que el Juez Federal Guido Otranto decida finalmente el cambio de carátula.

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Conferencia de prensa de la CPM y familiares del joven desaparecido Santiago Maldonado

TESTIMONIOS CONFIRMAN QUE FUE LLEVADO POR GENDARMERÍA

Aparición con vida de Santiago Maldonado fue el reclamo unánime y desesperado durante la conferencia de prensa realizada hace minutos, que fue convocada de manera urgente por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y familiares y amigos del joven desaparecido, y que acompañaron organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.
Santiago fue visto por última vez el martes pasado durante la represión de Gendarmería en la lof de Cushamen, en Esquel. Cada vez más testigos confirman que el joven fue cercado por agentes de Gendarmería, golpeado y trasladado en una camioneta. La CPM presentó un habeas corpus por desaparición forzada antes el juzgado federal de Esquel y hoy envió una carta al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“La desaparición de Santiago es responsabilidad de los gobiernos nacional y provincial, quienes tienen que responder de manera urgente sobre su desaparición y garantizar su aparición con vida”, señaló el presidente de la CPM, Víctor Mendibil. Y agregó: “Hay fuertes indicios de que Santiago fue cercado por agentes de Gendarmería y trasladado en una camioneta; desde entonces no sabemos nada más de él”.
Santiago Maldonado está desaparecido desde hace tres días, tras la brutal represión de Gendarmería en la lof de Cushamen en Chubut. Las fuerzas federales ingresaron ilegalmente al predio recuperado por la comunidad mapuche disparando balas de goma y destruyendo todo a su paso. Cuando intentaba escapar de la represión, Santiago fue alcanzado por un grupo de gendarmes que primero lo redujo en el suelo y después lo subió a una camioneta blanca.
“A mi hermano lo llevó Gendarmería y ahora dicen que no lo tienen detenido en ningún lado. Nosotros creemos que la situación es muy clara: a Santiago lo torturaron y lo descartaron o lo tienen encerrado y están esperando que las marcas de la violencia se pierdan para largarlo”, señaló Germán Maldonado. “Queremos que aparezca con vida y tenemos el derecho a saber la verdad. Necesitamos que hoy mismo el Estado nos dé una respuesta”, resumió.
Junto a los familiares y amigos de Santiago, también acompañaron integrantes de la CPM -Roberto Cipriano García, Ernesto Alonso, Susana Méndez y Sandra Raggio, directora general- y representantes del CELS, la APDH y la Liga por los derechos del hombre. También acompañaron Rosa Bru y Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga. La conferencia de prensa se realizó en la sede de la Federación Judicial y Hugo Blasco, su secretario general, acompañó la iniciativa.
Tanto la familia de Santiago como los organismos de derechos humanos destacaron que su desaparición se da en el marco de la creciente criminalización, persecución y represión de la comunidad mapuche. Lejos de los discursos que lo señalan como un activista o terrorista, Santiago era un viajero que había llegado el lunes a Chubut y se había solidarizado con la lucha de la lof de Cushamen, que viene reclamando por sus derechos ancestrales. Hacía sólo 24 horas que estaba en Esquel.
Por el habeas presentado por la CPM esta mañana se realizó una audiencia en el juzgado federal de Esquel, a cargo del Dr. Otranto, con presencia de representantes de Gendarmería que manifestaron no tener conocimiento del paradero del joven ni de su detención. Dada la gravedad de la situación y frente al preocupante silencio oficial, la CPM envió una carta abierta al presidente de la Nación, Mauricio Macri, reclamando la intervención del Estado y la aparición con vida de Santiago Maldonado, el cese de la criminalización, persecución y represión del pueblo mapuche, y el reconocimiento de sus derechos ancestrales.
En esa misma nota, la CPM denuncia además las recientes declaraciones públicas de Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde justifica el accionar violento y represivo de la Gendarmería contra la comunidad mapuche y acusa de terrorismo, entre otros, al presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel.

¿Y ahora quién podrá defendernos?

Parece mentira, pero los argentinos hace seis años que no tenemos Defensor del Pueblo. Las organizaciones sociales desde siempre venimos defendiendo las causas populares con mucho esfuerzo, y así lo seguiremos haciendo, pero resulta inaceptable que los representantes electos por el pueblo no le den al pueblo argentino una herramienta institucional tan importante como la del Defensor.

Valdría la pena preguntar si alguno cree que en el país no hay vulneraciones a los derechos humanos, que no hay problemas con la vivienda, con la educación, la salud, con los servicios públicos, con la libertad de expresión, con el empleo, con los pueblos indígenas, el medio ambiente, con la identidad y la privacidad, o con la violencia institucional.
No sólo hemos llegado al punto de que la Corte Suprema de Justicia tenga que exigirle al Congreso cubrir esa vacante, sino que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también instaron al Estado argentino a que designe al Defensor del Pueblo o, en otras palabras, a que respete su propia Constitución.

No se trata de un capricho, esta institución tiene mucha importancia porque posee legitimación procesal para presentarse en sede judicial en defensa de los pueblos afectados por los derrames de la megaminería, por la contaminación de los agrotóxicos, para defender los derechos de los niños, los abusos de las empresas de servicios y para defender el derecho a la tierra, techo y trabajo; entre otros tantos temas apremiantes.

Así como lo exigimos cuando la mayoría parlamentaria era del peronismo, también lo exigimos ahora: los argentinos tenemos derecho a un Defensor del Pueblo que colabore activa, autónoma e independientemente en la promoción y protección de nuestros derechos fundamentales. Y más aún en la actual situación que vive el país, donde la gestión de Cambiemos está haciendo crecer a niveles exponenciales el endeudamiento, el desempleo, la pobreza y la indigencia.
Sin embargo, cubrir la vacante no es suficiente, porque el cargo no puede ser para cualquiera. Por este motivo, 55 organizaciones adherimos a la campaña para exigir al Congreso Nacional que la elección involucre un mecanismo participativo, que garantice que el/la nuevo/a Defensor/a reúna las condiciones de idoneidad técnica y moral, independencia de criterio y compromiso en la defensa de los derechos humanos (ver www.acij.org.ar).

Lamentablemente la actual Ley 24.284 sólo exige que los candidatos sean argentinos y tengan más de 30 años. No exige audiencias públicas, ni concursos, ni establece mecanismos de impugnación, es más, permite que el cargo se elija a espaldas del principal interesado: el pueblo.

Por eso nos alarma escuchar los nombres de algunos/as de los candidatos/as en danza. Muy pocos conocen el país, tienen diálogo con distintos espacios políticos, idoneidad técnica, una trayectoria intachable y un perfil independiente del actual gobierno.

Así como también nos alarma el desfasaje de la actual normativa con las atribuciones que este organismo necesita para cubrir las necesidades de la Argentina, ya que el Defensor no tiene permitido ejercer control sobre el Poder Legislativo, el Judicial, ni sobre los organismos de defensa y seguridad.

Por eso creemos que la Defensoría no puede tener una normativa desactualizada con respecto a la Argentina actual, ni tampoco se la puede tratar como un puesto más para “repartir”, como si fuese una presidencia de comisión. Esperamos que los representantes en el Congreso tengan la sensatez de garantizar que el nuevo Defensor/a no nazca de un mero intercambio de acuerdos palaciegos a puertas cerradas, sino que sea legitimado/a por el pueblo para recuperar y fortalecer sus funciones sociales.

Adolfo Pérez Esquivel

Premio Nobel de la Paz

Pueblicado en el diario Perfil el domingo 18 de septiembre de 2016: http://www.perfil.com/columnistas/y-ahora-quien-podra-defendernos.phtml

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