Derechos humanos y unidad en la lucha

En los últimos meses y en particular a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, en el contexto de una acción represiva del estado nacional contra la comunidad mapuche de Cushamen, se ha desatado una campaña contraria a los pueblos originarios y en particular al reclamo por el reconocimiento de sus tierras.
Aquellos que se rasgaban las vestiduras, criticando “el periodismo militante” hoy “militan” descaradamente a favor de los terratenientes nacionales y extranjeros, deslegitimando los derechos de los pueblos originarios que están consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados internacionales de los cuales nuestro país es firmante.
La campaña mediática sostenida por ministros del gobierno nacional, ha pretendido instalar la idea de un “enemigo interno”, las comunidades mapuches, contra las cuales se ha desatado una implacable campaña mediática y represiva, ejercida por fuerzas de seguridad y por grupos operativos informales que por la impunidad con que actúan no están ajenos a los servicios de inteligencia.
En esa lucha por el reconocimiento y acceso real a las tierras de los pueblos originarios, venimos apoyando la renovación de la prórroga de la ley 26.160 que permite realizar el relevamiento de las territorial donde viven las comunidades, paso previo para poder acceder a su efectivo reconocimiento y titularización. La normativa ha tenido varias postergaciones, pese a lo cual no se ha finalizado el relevamiento completo, de ahí la urgencia para que se prorrogue nuevamente.
Mientras se realiza el relevamiento territorial, la ley 26.160 establece que no pueden ejecutarse desalojos de comunidades. Sin embargo, se han producido desalojos que no han podido evitarse por las complicidades de los gobiernos provinciales, con terratenientes y empresas del “agronegocio” y por la falta de compromiso de los poderes judiciales provinciales. La normativa permite poner un freno a los desalojos que se intensificarian si no se aprueba su prórroga.
Esta ley cuenta ya con media sanción parlamentaria del Senado y debe tratarse en Diputados. Esperamos que prime en los legisladores el reconocimiento de los derechos de los pueblos ancestrales, por sobre los grandes intereses transnacionales y nacionales que se han apropiado de grandes extensiones de tierras que corresponden a comunidades originarias.


Es necesario recordar que en el tiempo vigente de la ley, hasta el presente, no se otorgó un solo título de propiedad comunitaria. Dado que el relevamiento de tierras termina en una carpeta técnica, donde se delimitan en un mapa el contorno de tierras que les correspondería a la comunidad, pero no se han escriturado las mismas. Peor aún, en muchos casos han aparecido empresarios que ocupan tierras que corresponden a las comunidades según el relevamiento técnico, y esgrimen títulos de tierras que han hecho valer en juzgados afines a sus intereses. Como resultado muchas comunidades han visto cercenadas los derechos de sus tierras que han sido reducidas de hecho, a parcelas minoritarias. Es urgente por lo tanto, la sanción de una ley sobre el derecho de los pueblos originarios a la tierra comunitaria, que hoy sufren el saqueo y venta de sus territorios a empresas internacionales, como Benetton, Lewis y Turner, y empresas mineras y petroleras.
El gobierno nacional tiene la obligación de respetar y hacer cumplir los Pactos y Protocolos internacionales de rango constitucional, como la Declaración de los Derechos Humanos proclamados por las Naciones Unidas y la Organización Interamericana y la UNESCO de los cuales el país es firmante, y tiene la responsabilidad de cumplirlos y hacerlos cumplir.
Son alarmantes los acontecimientos de intimidación y represión que estamos viviendo a diario. La implementación de políticas neoliberales y la consiguiente pérdida de derechos sociales, genera conflictos sociales, donde vemos un incremento de acciones represivas de una intensidad altamente preocupante. El gobierno nacional busca silenciar y reprimir a los sectores populares, organizaciones sociales, escuelas, universidades, como la reciente atropello de la Gendarmería Nacional en la Universidad de Rosario, y la demonización de las tomas de colegios, así como la persecución a organismos que tratan la desaparición forzada de Santiago Maldonado por la Gendarmería Nacional.
Sobre Santiago y su familia, la campaña mediática desde los medios hegemónicos y del oficialismo, ha pretendido instalar el encubrimiento respecto a las responsabilidades que le caben al Estado Nacional en este gravísimo hecho. Frente a esas campañas, la pregunta y el reclamo del pueblo es: ¿dónde está Santiago Maldonado?
El gobierno es responsable y debe responder urgentemente a más de dos meses de su desaparición.
El gobierno de Macri no dialoga, reprime o alienta campañas mediáticas donde el eje es la construcción de la lógica amigo-enemigo. Han pretendido instalar la idea de vínculos de los mapuches con alguna pretendida “subversión internacional”. Hemos escuchado sobre presuntos vínculos con las FARC, el “extremismo kurdo”, hasta asociaciones con el ISIS, que evidencian lo poco que saben de política internacional. Hasta un genocida condenado a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, en su alegato en tribunales, defendió el discurso oficialista y a la gendarmería nacional por su accionar en la represión contra la comunidad mapuche y la desaparición de Maldonado.
Estamos frente a un fuerte retroceso en la vigencia de los derechos humanos en manos del gobierno de Macri, quien trata de desacreditar lo justo y justificar lo injustificable.
Afortunadamente, nuestro pueblo sabe construir sobre las diferencias y en las marchas por los derechos humanos, todos los espacios políticos, sociales, gremiales, estudiantiles, culturales y de pueblos originarios, vamos marchando juntos para garantizar la plena vigencia de la justicia, la igualdad y la vigencia de los derechos de las personas y los pueblos.

Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz
Presidente del Servicio Paz y Justicia
Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria

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