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Reunido con Lula en Brasil, Pérez Esquivel le anunció que lo propondrá para el Premio Nobel de la Paz

Este viernes el Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, se reunió en San pablo con el Ex Presidente de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva, para llevarle su apoyo frente a la campaña judicial que pretende evitar que sea candidato presidencial en 2018 con un juzgamiento violatorio del derecho al debido proceso.

“La llegada del PT y Lula a la presidencia marcaron un antes y un después para Brasil, al punto de convertirse en una referencia internacional de lucha contra la pobreza. Más de 30 millones de personas fueron rescatadas de la pobreza extrema (un país entero), disminuyó la desigualdad y aumento el índice de desarrollo humano”, explicó Pérez Esquivel con respecto a la propuesta que realizará al Comité Nobel de Noruega. “Su gobierno tuvo políticas cruciales para la paz de los brasileros y fue un ejemplo al mundo”.

Por su parte, Lula Da Silva desarrolló los “graves retrocesos democráticos” y cómo “mucha gente está cayendo nuevamente en la pobreza”. Agradeció la visita de Pérez Esquivel destacando que “es bueno verlo pelear incansablemente por la democracia, los pueblos y los derechos humanos, porque dá ánimos para seguir luchando”.

En Brasil hoy no hay democracia, esto es una continuidad del golpe blando a Dilma Rousseff ocurrido en 2016. Defender la candidatura de Lula es defender la vuelta de la democracia brasilera. El pueblo de Brasil está perdiendo su tierra, su techo y su trabajo. La derecha sabe que Lula tiene mucho apoyo porque ha hecho políticas para la igualdad y la justicia social como nunca hubo en este país, por eso necesitan proscribirlo. No lo persiguen por lo que consideran políticas erradas, lo persiguen porque quieren revertir lo que hizo bien para las mayorías populares, manifestó el referente internacional de derechos humanos sobre quien fuera el primer presidente obrero de las Américas.

Más allá de los comicios electorales ambos destacaron la necesidad de solidaridad internacional de organizaciones sociales y políticas frente a la grave situación actual que está viviendo Brasil a raíz de las políticas regresivas y represivas del gobierno de Temer.

Fotos: Ricardo Stuckert

La violencia e hipocresía del gobierno nacional

Una vez más el gobierno recurre a la violencia para silenciar los reclamos sociales en general y de los pueblos originarios en particular. La reciente represión contra la comunidad mapuche en Villa Mascardi, Bariloche, y el asesinato del joven mapuche de 22 años, Rafael Nahuel, en manos de la Prefectura Nacional; se suma a la política represiva de la aún no removida Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El gobierno trata de justificar el asesinato y la represión inventando una supuesta organización terrorista, y presiona al Poder Judicial que está investigando la represión de Prefectura. No propone mediación y diálogo para resolver el conflicto por las tierras en la Patagonia y continúa la expulsión de las comunidades y de las tierras vendidas a grandes terratenientes extranjeros, entre ellos Benetton, Lewis, Turner.
Arturo Jauretche decía: “malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende”. No hay una investigación sobre qué gobernadores y dirigentes políticos vendieron tierras indígenas a terratenientes, un mal endémico en el país desde la nefasta “Campaña del Desierto”, que masacró a los pueblos originarios para entregar territorios a empresas extranjeras.
La Ministra de Seguridad y el Ministro de Justicia Garavano, buscan justificar lo injustificable y hacer aparecer a los mapuches como violentos y como parte del grupo R.A.M.,  acusándolos realizar acciones violentas para recuperar sus territorios,
La violencia estructural y social es provocada por el gobierno que viola el Art. 75, inc 14 de la Constitución Nacional, El Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y la Declaración Universal de la ONU sobre Pueblos Indígenas. La hipocresía y falta de respeto al pueblo es tergiversar la verdad, como lo hicieron en la represión en Cushamen – Esquel y la muerte de Santiago Maldonado-
El Estado tiene el monopolio de la fuerza, y este gobierno la usa para reprimir al pueblo violando sus derechos. En vez de estar al servicio del pueblo, nuestros representantes electos se ponen en nuestra contra.
Denunciamos esta política represiva del gobierno y reclamamos la investigación de los responsables de la muerte de Rafael Nahuel y de los heridos en Villa Mascardi, crimen que no puede quedar en la impunidad.

Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz
Presidente del Servicio Paz y Justicia
Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria

Ponencia de Adolfo Pérez Esquivel en el encuentro internacional “Perspectivas para un mundo libre de armas nucleares” organizado por el Vaticano

En el marco del encuentro internacional sobre desarme titulada “Perspectivas para un mundo libre de armas nucleares y para un desarme integral” que organizó el Vaticano el 10 y 11 de noviembre de 2017, que reunió a 11 Premios Nobel de la Paz, el Premio Nobel argentino, Adolfo Pérez Esquivel, expuso ante la audiencia su mirada sobre la temática desde una perspectiva latinoamericana. Aquí el resumen de su discurso:

Por el desarme de la injusticia

Estamos frente a grandes desafíos en el siglo XXI. El fin de la guerra fría parecía ofrecer la posibilidad de una significativa reducción de los gastos de defensa, que podían eventualmente ser usados para la reestructuración de un orden internacional más equitativo entre los países del Norte, capitalista desarrollado y los países del Sur subdesarrollo y dependiente.

Una visión idílica e ingenua del proceso de globalización auguraba que los procesos de integración de bloques regionales tendían a desactivar viejas amenazas e hipótesis de conflictos, hecho que favorecía la reducción de los gastos en defensa y en particular de los destinados a la producción de armamentos.

El nuevo orden internacional, o mejor dicho el orden de injusticias institucionalizado, ha generado un contexto de mayor incertidumbre y de menor capacidad de regular conflictos nacionales y regionales que pueden detonar y en muchos casos derivaron en intervenciones militares lideradas por las grandes potencias.

Las intervenciones militares contra Irak permiten evaluar las injerencias de las grandes potencias en la destrucción de un país. He estado en Irak después de la operación Tormenta del Desierto y he visto en refugios antiaéreos las imágenes de población civil que fueron desintegradas por misiles y sus sombras quedaron impresas en las paredes.
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Derechos humanos y unidad en la lucha

En los últimos meses y en particular a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, en el contexto de una acción represiva del estado nacional contra la comunidad mapuche de Cushamen, se ha desatado una campaña contraria a los pueblos originarios y en particular al reclamo por el reconocimiento de sus tierras.
Aquellos que se rasgaban las vestiduras, criticando “el periodismo militante” hoy “militan” descaradamente a favor de los terratenientes nacionales y extranjeros, deslegitimando los derechos de los pueblos originarios que están consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados internacionales de los cuales nuestro país es firmante.
La campaña mediática sostenida por ministros del gobierno nacional, ha pretendido instalar la idea de un “enemigo interno”, las comunidades mapuches, contra las cuales se ha desatado una implacable campaña mediática y represiva, ejercida por fuerzas de seguridad y por grupos operativos informales que por la impunidad con que actúan no están ajenos a los servicios de inteligencia.
En esa lucha por el reconocimiento y acceso real a las tierras de los pueblos originarios, venimos apoyando la renovación de la prórroga de la ley 26.160 que permite realizar el relevamiento de las territorial donde viven las comunidades, paso previo para poder acceder a su efectivo reconocimiento y titularización. La normativa ha tenido varias postergaciones, pese a lo cual no se ha finalizado el relevamiento completo, de ahí la urgencia para que se prorrogue nuevamente.
Mientras se realiza el relevamiento territorial, la ley 26.160 establece que no pueden ejecutarse desalojos de comunidades. Sin embargo, se han producido desalojos que no han podido evitarse por las complicidades de los gobiernos provinciales, con terratenientes y empresas del “agronegocio” y por la falta de compromiso de los poderes judiciales provinciales. La normativa permite poner un freno a los desalojos que se intensificarian si no se aprueba su prórroga.
Esta ley cuenta ya con media sanción parlamentaria del Senado y debe tratarse en Diputados. Esperamos que prime en los legisladores el reconocimiento de los derechos de los pueblos ancestrales, por sobre los grandes intereses transnacionales y nacionales que se han apropiado de grandes extensiones de tierras que corresponden a comunidades originarias.

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